POR: DIONEL SENA
AGRESIÓN EN EL CBTIS 89… UN PRECEDENTE IRREPETIBLE.
Marcó agenda esta semana en Durango, la agresión que sufrió una joven estudiante del Cbtis 89 a manos de una madre de familia, aparentemente de otra alumna de la institución, la cual quedó documentada a través de las redes sociales, gracias a que alguien la grabó, por lo que el hecho causó indignación en prácticamente todos los sectores de la sociedad, mismos que piden, se haga justicia en torno al hecho que debería marcar un precedente irrepetible, pues muchos son los esfuerzos que se han hecho para tratar de erradicar el bullying en las escuelas como para que también sean los padres de familia quienes ejerzan la violencia en contra de otros alumnos, más allá del motivo que haya llevado a esa agresión.
Aún es una incógnita que llevó a esa madre de familia a reaccionar de esa manera, por lo que deberá haber una sanción ejemplar en su contra, pues después de los tirones de cabello que ejerció en contra de la joven, no se descarta alguna lesión cervical, lo que tampoco se ha podido confirmar de parte de las autoridades educativas y tampoco de la propia institución, misma que debería ser la más interesada en que el tema se esclarezca, pues difícilmente a sus directivos les interesará cargar con el estigma de que en ese bachillerato, cualquier padre o madre de familia puede acudir a agredir a un estudiante de la institución y quedar impune que bien podría ser el caso.
Ya la propia diputada Sughey Torres que fue una de las que impulsó la Operación Mochila a través de su labor en el Congreso del Estado, pidió se esclarezca el hecho y se castigue con todo rigor a la responsable, pues coincidió que no hay una causa que justifique una agresión semejante, máxime cuando se trata de una madre de familia ejerciendo la violencia, quizá lo anterior motive a nuestros diputados a hacerle ajustes a la ley referida, para que también los padres de familia sean incluidos en las sanciones en caso de ejercer violencia en contra de algún estudiante de cualquier institución de educación básica, donde se incluyan los bachilleratos y hasta las universidades.
El hecho como tal, sin duda que generó una indignación generalizada, por lo que las autoridades educativas están obligadas, primero; a identificar a la mujer agresora, segundo; a imponer una sanción ejemplar para que un hecho semejante no se vuelva a repetir y tercero; de ser posible, dar a conocer a la opinión pública, el motivo de la agresión, pues cabe la posibilidad de que la agresora haya tratado de hacer justicia por propia mano de algún conflicto que se haya dado entre estudiantes, lo que sólo enfatizaría que no hay una razón de peso para haber reaccionado de esa manera, por lo que hay que estar atentos al seguimiento de este hecho que como ya se expuso, debería marcar un precedente irrepetible en la historia de Durango.
