• La libertad de expresión no debe utilizarse como excusa para vulnerar la reputación y la privacidad de las personas.
Con el objetivo de garantizar la protección de la reputación y la dignidad de las personas, el diputado Otniel García Navarro propuso reformar el Código Penal del Estado para reintroducir los delitos de difamación y calumnia, sancionando a quienes hagan imputaciones falsas con el propósito de dañar a terceros.
El legislador, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, enfatizó que la libertad de expresión es un derecho fundamental en toda sociedad democrática, pero advirtió que no debe servir como excusa para vulnerar otros derechos, como el honor, la reputación y la privacidad de las personas.
“Las imputaciones falsas pueden provocar daños irreparables en la vida personal, familiar y profesional de los afectados. La pérdida de empleo, el deterioro de relaciones personales, el daño psicológico y la marginación social son solo algunas de las consecuencias que pueden perdurar incluso después de que se demuestre la inocencia del acusado”, señaló.
En este sentido, la iniciativa plantea la creación del artículo 175 ter, el cual establece que quien impute a otra persona hechos o conductas falsas que puedan causarle deshonra, descrédito o perjuicio en su reputación social o profesional será sancionado con penas de seis meses a tres años de prisión y una multa de hasta 500 veces el valor diario de la UMA.
Asimismo, precisó que, si la difamación se realiza a través de medios de comunicación masiva o digitales, la pena aumentará hasta en una mitad.
La propuesta también incluye el artículo 175 ter 2, que tipifica la calumnia como el acto de imputar falsamente a alguien la comisión de un delito con conocimiento de su falsedad o con temerario desprecio a la verdad, con penas de uno a cuatro años de prisión y una multa de hasta 700 veces el valor diario de la UMA.
García Navarro destacó que el impacto de la difamación y la calumnia ha sido objeto de análisis en diversos estudios internacionales, donde un informe de la UNESCO 2022 reveló que el 68% de las víctimas de difamación en medios digitales sufren daños irreparables en su imagen pública y desarrollo profesional.
Además, mencionó que en países como España y Francia la legislación penal contempla sanciones para estos delitos, lo que ha contribuido a reducir las agresiones a la reputación mediante información falsa.
