POR: LILY ORTIZ
“Plantón, violencia e infiltrados: la crisis que la Secretaría de Bienestar ignora”
Lo que ocurre en Durango con la Delegación de Bienestar ya no es un simple conflicto laboral, justo hoy se cumplen 40 días de haberse iniciado un plantón por parte de trabajadores que señalan de acoso laboral, malos tratos y uso indebido de funciones para favorecer electoralmente a Morena, al aún delegado Jonathan Jardines; el caso ha escalado peligrosamente a una crisis institucional, social y política que evidencia el abandono por parte de la Secretaría de Bienestar y la oscura red de intereses que protege a su delegado.
Los trabajadores acusan directamente a Jardines de presionarlos para operar a favor de los candidatos morenistas en el pasado proceso electoral, han hablado de amenazas, condiciones laborales indignas y un clima de hostigamiento permanente; en base a ello exigen con lo que ellos señalan razones de peso, su destitución. Sin embargo, el delegado sigue en funciones, ni la Secretaría de Bienestar ni el Gobierno Federal han mostrado voluntad alguna para escuchar, investigar o intervenir; al menos esa es la perspectiva que se tiene ante el silencio y hermetismo que se han vuelto cómplices.
Pero lo que sucedió este pasado lunes supera cualquier límite de tolerancia democrática. Recapitulemos, un grupo de personas intentó ingresar por la fuerza a las oficinas tomadas, argumentando que eran derechohabientes y que necesitaban su credencial para recibir apoyos; la otra parte que son quienes mantiene en plantón, se negaron a aperturar y fue donde iniciaron los gritos, empujones, insultos e incluso se denunció la presencia de una persona con un arma blanca que amedrentó a los presentes. En cuestión de minutos lo que se había mantenido por semanas como una protesta pacífica, se rompió.
Aquí es donde el conflicto adquiere una dimensión más grave: hay indicios claros de infiltración, voces dentro del movimiento acusan que estas personas fueron enviadas deliberadamente por operadores políticos vinculados a Morena con el fin de desestabilizar la protesta, provocar enfrentamientos y generar una narrativa favorable a la delegación. Si esto se confirma, estaríamos ante una maniobra ruin que pone en riesgo la seguridad de los manifestantes y busca deslegitimar su lucha.
Aunque las declaraciones de Héctor Herrera, Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO) donde manifiesta que algunos despido en la delegación de Bienestar están relacionados con personas que no estaban haciendo sus funciones, y que ni siquiera se presentaban a trabajar “aviadores”; aunque detalló que por otra parte también existe la posibilidad de aquellos que legítimamente estén en su lucha y es respetable.
Sin embargo, pensé en que la situación es agenda y de desconocimiento de la Secretaría de Bienestar, sería hasta ingenuo. Resulta difícil no preguntarse: ¿por qué se protege a Jonathan Jardines? ¿Quién lo sostiene? ¿A quién le responde realmente? Su permanencia en el cargo, pese a los señalamientos públicos, las protestas constantes y ahora la violencia, sólo puede explicarse desde una lógica de poder: Jardines no es sólo un funcionario, es un operador político. Y al parecer, uno de los que gozan de fuero informal y respaldo desde las alturas.
Durango vive hoy una crisis que no puede seguir siendo minimizada. Esta no es una disputa de oficina ni un “problema interno” de la Delegación; es un reflejo de cómo la institucionalidad se degrada cuando se convierte en botín político, y sí, es inaceptable que un espacio destinado a garantizar el bienestar social se use para castigar disidencias, operar elecciones y reprimir voces críticas.
El Gobierno Federal, en particular la Secretaría de Bienestar, tiene la responsabilidad de actuar ya. No hacerlo es confirmar que lo que ocurre en Durango es parte de un patrón de impunidad y control político disfrazado de servicio público. Y si Jardines sigue en su cargo, la duda persistirá: ¿quién está detrás de él? ¿Quién lo necesita allí? y lo más importante, ¿para qué?
Mientras esas preguntas no se respondan, el plantón seguirá siendo mucho más que una protesta laboral, una crisis donde hay cientos de afectados, desde el trabajador que exige la destitución del delegado, como el derechohabiente que requiere algún trámite en cuanto a programas sociales, de ese tamaño es el conflicto que se vive, ¿el más afectado? El ciudadano sin duda alguna.
