Por Ricardo López Pescador.
México ha tomado un rumbo peligroso e incierto a partir de reformas a leyes federales que permiten vigilar a los ciudadanos desde los aparatos de inteligencia del gobierno con el fin de controlar las opiniones sobre el desempeño de las autoridades, abriendo la puerta a la censura, al mismo tiempo que aumentan en el país las agresiones contra periodistas en un 14% por año, quedando impunes el 85% de esos delitos.
Por si lo anterior no fuera suficiente, desde distintos órganos jurisdiccionales se han emitido sentencias violatorias de la libertad expresión como la dictada por una jueza de Campeche que condena al periodista Jorge González Valdez a tener que soportar un censor que revisa cada día los textos que redacta, las opiniones que expresa -incluso con derecho a vigilar su vida personal- para evitar que cometa el delito de mencionar el nombre de la gobernadora Layda Sansores.
Es evidente que se esta generando un entorno hostil para que los ciudadanos ejerzan con plena garantía la libertad de expresión. También el trabajo periodístico vive momentos de incertidumbre, el organismo internacional “Articulo 19” documentó 639 agresiones a periodistas en México durante 2024 (14 por ciento mas que en 2023), sucedidas mas de la mitad en cuatro entidades: la Ciudad de México, Guerrero, Veracruz y Puebla, gobernadas por morena.
El organismo considera en su reporte que el problema es mas grave de lo que reflejan los casos documentados, ya que solo uno de cada tres periodistas agredidos presenta una denuncia formal ante una fiscalía estatal o federal debido a la desconfianza en las autoridades toda vez que para ellos las fiscalías son el verdadero obstáculo para el acceso a la justicia tal como lo refleja el dato de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) que no ha resuelto el 85 por ciento de los casos de su competencia, de violencia contra la prensa.
Otro caso que refleja el ambiente adverso para los comunicadores es la demanda del Instituto Electoral de Tamaulipas en contra del periodista Héctor de Mauleón y el periódico El Universal por un articulo publicado analizando un problema local.
La vigencia de la libertad de expresión implica que cualquier servidor público puede ser cuestionado por los ciudadanos sobre el ejercicio de su encargo, porque es oportuno recordar que la libertad de expresión es un derecho de los ciudadanos para protegerse de quienes ejercen abusivamente el poder político. El gobernado es la parte vulnerable frente a un funcionario público con facultades legales para ejercer actos de autoridad, de ahí que la libertad de expresión es un instrumento de los ciudadanos para afrontar los abusos.
Los atropellos tienen en el silencio de la sociedad a su cómplice mas cómodo para convertir en practica cotidiana y costumbre la violación de derechos y los retrocesos más inaceptables.
Dejar de ver esta realidad, no analizar sus impactos o guardar silencio ante tal panorama seria un acto de complicidad imperdonable, por eso hoy estamos llamados a no dejar que nos despojen de la libertad para expresarnos, para debatir, para analizar, para comentar, para hacer propuestas sobre el rumbo de la vida pública de la nación.
No hay momento mas frágil de una democracia que cuando se desprecia la libertad de expresión y se vulnera el Estado de derecho.
