De vigilante financiero a reformador electoral: el curioso salto de Pablo Gómez
Por: Alejandro Flores de la Parra.
Pablo Gómez ha dejado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como quien abandona un barco con goteras… para subirse a otro en construcción. Claudia Sheinbaum anunció su nuevo encargo como titular de la flamante Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, un organismo que, según el comunicado oficial, “diagnosticará el modelo actual de representación” y propondrá un rediseño democrático que “ponga al frente al pueblo”. Así, sin más. Como si la democracia fuera un electrodoméstico que necesita mantenimiento.
Pero el cambio no es solo administrativo: es profundamente político. Pablo Gómez, viejo militante de la izquierda, académico respetado y protagonista de las reformas electorales de los años noventa, deja una UIF donde, francamente, poco combatió el lavado de dinero, pero sí fue eficaz en algo: usar la información financiera como mazo para golpear a opositores, empresarios incómodos y periodistas díscolos.
La UIF: ¿unidad de inteligencia o garrote político?
Gómez Álvarez llegó a la UIF en noviembre de 2021, tras la caída estrepitosa de Santiago Nieto, no por falta de resultados sino por exceso de oropel en su boda con la consejera del INE, Carla Humphrey. En aquel entonces, el mensaje fue claro: la Cuarta Transformación necesitaba a alguien serio, sin escándalos, para seguir con el trabajo de “limpiar el dinero sucio”. El problema es que, tres años después, no hay una sola gran red de lavado desmantelada, pero sí una lista larga de perseguidos políticos.
Ahí están los expedientes filtrados sobre Ricardo Anaya, acusado de lavado y enriquecimiento sin que se haya judicializado el caso. O el inacabable pleito con Ricardo Salinas Pliego, que de pronto pasó de mecenas nacionalista a evasor fiscal profesional. O Germán Larrea, señalado mediáticamente cuando no quiso venderle Grupo México a un “inversionista patriótico”. Ni qué decir del acoso financiero a Latinus y Carlos Loret de Mola, cuyos ingresos fueron puestos en la picota mediática, en lugar de presentarse ante un juez.
Los datos son tercos: según cifras del propio gobierno, entre 2022 y 2024 se iniciaron más de 3,500 reportes de operaciones sospechosas, pero menos del 1.2% derivó en denuncias penales con sentencia. Es decir, la UIF fue más una caja de resonancia política que una oficina de inteligencia financiera.
Omisiones notables y amistades incómodas
Y si perseguir a los críticos fue moneda corriente, investigar a los aliados fue misión imposible. En sus últimos meses, Pablo Gómez fue interpelado por periodistas respecto a escándalos financieros que salpicaban a personajes cercanos al oficialismo. Uno de los más delicados: las actividades de CI Banco e Intercam, instituciones señaladas por facilitar transferencias sospechosas en el extranjero. ¿Qué hizo la UIF? Nada. ¿Y Vector Casa de Bolsa, ligada a Alfonso Romo Garza, exjefe de Oficina de la Presidencia con AMLO? Silencio sepulcral.
¿Acaso Pablo Gómez no se enteró? ¿O simplemente no quiso molestar al círculo presidencial? En ambos casos, el resultado es el mismo: una UIF omisa ante el verdadero lavado de dinero y ágil para filtraciones contra adversarios.
De acusador a reformador (sin escalas)
Ahora, Gómez salta al frente de una comisión que, en teoría, debe reformar el sistema electoral. Suena lógico: fue consejero del IFE, promovió la fiscalización de partidos y ha escrito sobre representación política. Pero no es un tecnócrata independiente. Es, hoy por hoy, un soldado de la 4T. Y su papel será crucial en un terreno donde el oficialismo busca redefinir el equilibrio político con una propuesta que, más que mejorar la democracia, parece querer domarla.
Según el anuncio presidencial, la comisión deberá “consultar a expertos, legisladores y ciudadanía” para rediseñar el sistema electoral. Pero la ruta ya viene delineada: eliminación de diputaciones plurinominales, reducción del financiamiento público a partidos, achicamiento del INE y mayor “representación del pueblo”. Todo muy bonito, hasta que uno recuerda que ese pueblo se vota con reglas, y que si se rompen los contrapesos, los resultados se acomodan al gusto del régimen.
La ironía de la independencia judicial
Hay algo más preocupante en el historial reciente de Gómez: su enfrentamiento con el Poder Judicial. En julio de 2023, declaró que los jueces federales eran “el enemigo que protege el lavado de dinero, el narcotráfico y la corrupción”. ¿Pruebas? Ninguna. ¿Denuncias concretas? Tampoco. Una acusación lanzada al aire en plena coyuntura de reforma judicial y justo cuando se buscaba debilitar a la Suprema Corte.
El problema no es solo la irresponsabilidad del señalamiento, sino su incoherencia: si él era el responsable de combatir el lavado y sabía de complicidades judiciales, ¿por qué no actuó? ¿Por qué no procesó? Porque tal vez no había pruebas. O peor, porque el objetivo era otro: desacreditar a los jueces antes de intentar someterlos con una reforma impulsada desde Palacio.
La reforma que viene (¿por consenso o por decreto?)
El mayor reto de la nueva comisión será mantener su credibilidad. Y Pablo Gómez carga con un pasado que inspira respeto académico pero desconfianza política. La oposición teme que se use esta reforma para eliminar contrapesos, y los partidos aliados esperan ser consultados, no arrasados. Sin consenso, no hay legitimidad. Sin pluralidad, no hay reforma duradera.
Claudia Sheinbaum ha dicho que todo será con diálogo, pero en el México reciente el diálogo suele parecerse mucho al monólogo. Una verdadera reforma electoral no empieza con comisiones, sino con reglas claras, actores diversos y garantías para todos. No basta con decir que se pondrá al pueblo al frente: hay que demostrar que el pueblo no será rehén del poder.
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