Censura con Faldas y con Botones: La Nueva Coreografía del Silencio en la 4T.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
Si en la política mexicana la hipocresía fuera una disciplina olímpica, algunos gobiernos morenistas ya tendrían medalla de oro, plata y bronce… y, de paso, pedirían al Congreso local que criminalice a quien se atreva a decir que no se la merecen. La narrativa es conocida: el discurso oficial dice defender la libertad de expresión, pero la realidad demuestra que en ciertos territorios de la 4T, opinar distinto es tan peligroso como meterse con el precio del aguacate.
En la última década, México ha escalado posiciones preocupantes en los índices internacionales sobre agresiones a periodistas. Pero lo que antes era un peligro físico directo —balas y amenazas— ahora se complementa con una estrategia más sofisticada: la censura judicial disfrazada de “violencia política de género”. En otras palabras: criticar la corrupción, el despilfarro o la ineptitud de una funcionaria se convierte mágicamente en un ataque a su condición de mujer… aunque la evidencia, las auditorías y hasta las fotos de los contratos firmados indiquen que el problema es su gestión, no su género.
Casos que huelen a corrupción (y no precisamente de lavanda).
Tomemos el ejemplo de Layda Sansores, gobernadora de Campeche. Periodistas locales han documentado presuntas irregularidades financieras, contratos poco transparentes y un estilo de gobernar más dado a la confrontación que a la rendición de cuentas. La respuesta oficial no ha sido aclarar con datos, sino atacar al mensajero, escudándose en el argumento de que las críticas constituyen violencia política de género. Una jugada que, de paso, borra la línea entre proteger los derechos de las mujeres y blindar a políticos cuestionados.
O el caso de Abelina López, presidenta municipal de Acapulco, cuyo gobierno ha sido señalado por desvíos millonarios. Aquí también la crítica periodística documentada se topa con la muralla de la narrativa victimista: no se trata de una auditoría incómoda, sino de una agresión a la dignidad femenina. Bajo ese pretexto, el debate público se ahoga antes de empezar, y las denuncias reales se diluyen entre demandas judiciales estratégicamente diseñadas para desgastar a quien ose incomodar.
Cuando la ley se vuelve escudo.
El manual no se limita al ámbito municipal o estatal; también incluye la complicidad legislativa. En Puebla, el gobernador Alejandro Armenta promovió una reforma que buscaba imponer sanciones a quienes critiquen su administración. Una suerte de “ley mordaza” local que, de aprobarse en su versión más dura, habría convertido en delito el simple hecho de opinar mal de su gestión en redes sociales. ¿La justificación? Proteger la honra y evitar ataques… porque al parecer, en la 4T la tolerancia a la crítica se practica siempre y cuando la crítica sea a los adversarios.
La artillería digital: bots, fans y linchamientos virtuales
A la estrategia judicial se suma la ofensiva digital. No hay crítica a un funcionario morenista que no sea seguida, en cuestión de minutos, por una oleada de comentarios indignados, hilos interminables de descalificaciones y un ejército de cuentas —algunas con más foto de perfil que contenido real— listas para desacreditar al periodista, analista o ciudadano que se atrevió a hablar. El guion es simple: si el dato incomoda, se descalifica la fuente; si el argumento es sólido, se inventa un motivo para atacarlo. Y, si todo falla, siempre queda la carta de “odio” o “machismo” para cerrar el debate.
Curiosamente, esta defensa ciega no se activa cuando la crítica viene desde dentro del propio partido o cuando los afectados son opositores. Ahí sí, el derecho a la libertad de expresión se convierte en bandera. El doble rasero es tan evidente que hasta un bot mal programado podría detectarlo.
La ironía de todo esto.
La violencia política de género es un problema real, grave y que merece ser combatido con seriedad. Pero usarla como cortina de humo para encubrir actos de corrupción o incompetencia es tan irresponsable como usar una ambulancia para llegar más rápido a una fiesta. Este abuso no solo banaliza una causa legítima, sino que erosiona la credibilidad de quienes realmente han sufrido agresiones por su condición de género.
En la narrativa de estos gobiernos, la crítica se vuelve conspiración, la evidencia se vuelve calumnia, y el periodismo se convierte en un enemigo a neutralizar. Lo que queda es un ecosistema político donde la autocensura florece, las preguntas incómodas se castigan y los bots ocupan el lugar que antes tenían los debates reales.
El silencio como política pública.
Quizá lo más preocupante no sea la censura en sí, sino la velocidad con la que se normaliza. Hoy se persigue judicialmente a quien cuestiona; mañana bastará un trending topic adverso para que un Congreso local apruebe nuevas penas. En este clima, la 4T no necesita quemar libros ni cerrar periódicos: basta con que la crítica se ahogue en denuncias selectivas y linchamientos digitales.
Y así, entre hashtags fabricados y discursos de falsa victimización, el país se acostumbra a una nueva versión del silencio: uno que se viste de justicia, se pinta de morado y se ejecuta al ritmo que marcan los algoritmos.
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