El Mayo y el Estado mexicano: confesiones de un capo, silencios de una nación.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
I. Medio siglo de complicidad institucional.
La confesión de Ismael “El Mayo” Zambada ante la justicia de Estados Unidos no sorprende a nadie que haya observado con mínima atención la evolución del crimen organizado en México. Durante 50 años, admitió, construyó una red que se sostuvo no solo en la violencia y en las rutas de trasiego, sino en algo mucho más delicado: la compra sistemática de policías, militares y políticos.
Que el capo haya reconocido lo obvio no es la noticia; lo verdaderamente relevante es que lo hizo en una corte norteamericana, bajo juramento y con consecuencias jurídicas. Ese detalle cambia el nivel del escándalo: lo que en México era rumor, reportaje incómodo o columna de opinión, en Washington ya es parte del expediente judicial.
Lo irónico es que Zambada habló de todo, menos de lo que más interesa: los nombres. Su silencio es tan elocuente como su confesión. En política mexicana esto significa que la especulación reemplazará a la evidencia, y que los partidos usarán la “sombra del Mayo” para golpear adversarios en campañas venideras.
II. Crimen y finanzas: cuando el narco y el Estado hablan el mismo idioma.
Los datos son contundentes: el gobierno estadounidense estima que el Cártel de Sinaloa generó fortunas superiores a los 15 mil millones de dólares, producto del tráfico de más de 1.5 millones de kilos de cocaína y toneladas de fentanilo, heroína y metanfetaminas. Todo esto mientras sobornaba con millones de dólares a funcionarios mexicanos en prácticamente todos los niveles de gobierno.
En paralelo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado irregularidades en el gasto público que superan los 50 mil millones de pesos anuales en promedio. Desvíos en programas sociales, sobrecostos en obras emblemáticas y recursos federales “no comprobados” en estados y municipios. El mecanismo puede diferir, pero la lógica es la misma: recursos que no llegan a los ciudadanos, instituciones debilitadas y una élite política que se beneficia del vacío de control.
La coincidencia es casi humorística: mientras el narco “invierte” en lealtades a través de maletas de efectivo, el Estado las asegura con presupuestos mal ejecutados. Uno lo llama “soborno”, el otro lo maquilla como “subejercicio”. En ambos casos, el resultado es la captura de la política por intereses ajenos al bienestar social.
III. La dimensión binacional: entre la cooperación y la amenaza.
Aquí es donde la confesión del Mayo adquiere una dimensión política mayor. Estados Unidos, que lleva años presionando a México para frenar el trasiego de fentanilo y reforzar los controles financieros, ahora cuenta con una admisión formal de que el sistema político mexicano ha sido penetrado hasta la médula.
El problema no se limita a lo judicial, sino a lo diplomático y económico. Washington ha usado históricamente la política antidrogas como palanca para exigir cooperación, imponer agendas de seguridad y, llegado el caso, condicionar la relación comercial. Con la renegociación constante del T-MEC en el horizonte y con Donald Trump de regreso en la Casa Blanca, no sería descabellado que las amenazas arancelarias se utilicen como mecanismo de presión: “Si no controlas la corrupción que permite el flujo de drogas, pagarás con tu acceso al mercado estadounidense”.
La pregunta no es si Estados Unidos usará este expediente como ficha de negociación, sino cuándo y cómo. Washington sabe que en materia comercial México tiene poco margen de maniobra: 80% de sus exportaciones dependen del mercado estadounidense. En ese contexto, las declaraciones de Zambada son dinamita diplomática.
IV. El presente político: Sheinbaum entre la negación y la realpolitik.
La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó con la frase que muchos interpretaron como ingenuidad, otros como ironía: “¿A quién le daba dinero?”. La respuesta refleja una tensión evidente: por un lado, la necesidad de mostrarse firme ante la corrupción; por el otro, la imposibilidad política de abrir expedientes que podrían salpicar a figuras de la propia 4T o a aliados clave en gobiernos estatales.
Su desafío es mayúsculo: demostrar ante Washington que la cooperación será real y efectiva, sin desatar una cacería de brujas que fracture su base política interna. El problema es que Estados Unidos no mide las respuestas en discursos, sino en decomisos, extradiciones y reformas legales. Y si la credibilidad de México ya era limitada tras el fracaso del modelo “abrazos, no balazos”, las revelaciones del Mayo reducen aún más el margen de confianza.
V. Lo social y lo electoral: la normalización de lo anormal.
En el plano social, lo más inquietante es la normalización. Para el ciudadano promedio, que un capo diga que compró políticos no es escándalo, es rutina. Los hallazgos de la ASF —desfalcos en salud, educación o seguridad— confirman la percepción de que el dinero siempre termina en otro lado. La consecuencia es devastadora: desconfianza en las instituciones, abstencionismo electoral y una creciente aceptación del crimen organizado como actor económico legítimo en regiones donde el Estado brilla por su ausencia.
En el plano electoral, el efecto será inmediato. La oposición usará el caso para insinuar complicidades de Morena y de gobiernos estatales afines; Morena, por su parte, insistirá en que la corrupción es herencia de administraciones pasadas. Al final, lo que quedará en el imaginario colectivo es que, con o sin nombres, la política mexicana sigue siendo rehén del dinero ilícito.
VI. El silencio como pacto.
El Mayo Zambada no reveló nombres porque no necesita hacerlo. México ya sabe —por experiencia histórica, por reportajes, por rumores confirmados y por auditorías— que la política ha sido penetrada por el dinero criminal. Su silencio es, en realidad, un recordatorio de que el pacto de impunidad sigue vigente: el narco no delata a los políticos, y los políticos no se atreven a juzgar a los narcos.
En este contexto, Sheinbaum tendrá que navegar entre dos aguas: cumplir con la presión estadounidense para mostrar resultados tangibles en el combate al crimen organizado, o preservar la estabilidad política interna protegiendo a sus cuadros. La primera opción arriesga fracturas internas; la segunda, sanciones y amenazas comerciales desde Washington.
En cualquier caso, el mensaje que deja la confesión del Mayo es demoledor: durante cinco décadas, el crimen organizado no fue un actor paralelo al Estado, sino un socio indispensable en su funcionamiento. Y aunque el capo se calló los nombres, todos sabemos que algunos de ellos aparecerán —tarde o temprano— en expedientes judiciales, en cables diplomáticos o, con suerte, en las auditorías que cada año nos recuerdan que la corrupción en México tiene tantas vidas como el propio Mayo.
