Arturo Zaldívar y la reforma al amparo: ¿defensa ciudadana o traje a la medida?
Por: Alejandro Flores de la Parra.
El viernes pasado, Arturo Zaldívar, ministro en retiro y hoy coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, reapareció en la conferencia de Claudia Sheinbaum. Su misión parecía clara: defender, con voz grave y argumentos técnicos, la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo propuesta por el Ejecutivo. Y lo hizo con tanta convicción que por momentos pareció olvidar que ya no es presidente de la Suprema Corte, sino asesor político de la presidenta.
A su lado, la consejera jurídica Ernestina Godoy reforzó el mensaje: el Gobierno busca que los litigios fiscales dejen de ser un agujero negro donde los grandes deudores se refugian con amparos interminables. El ejemplo incómodo salió casi de inmediato: Ricardo Salinas Pliego, magnate con una fortuna difícil de calcular pero con adeudos fiscales fáciles de contar (y de cobrar). En la narrativa oficial, la reforma no está hecha para nadie en particular… aunque todos saben a quién le queda la medida como guante.
El amparo en la mira: de escudo ciudadano a “estorbo” judicial.
El amparo ha sido, históricamente, el recurso por excelencia para proteger a los ciudadanos de los abusos de autoridad. Un mecanismo que encarna la idea de que el Estado puede equivocarse y que los jueces están ahí para corregirle la plana. Pero en la última década, el amparo ha sufrido una metamorfosis en el discurso oficial: pasó de ser escudo ciudadano a “arma de los poderosos”.
Zaldívar intentó despejar dudas:
“Ni se limita, ni se restringe, ni se dificulta el acceso al amparo”, aseguró con tono solemne, como si con la repetición bastara para borrar las preocupaciones de constitucionalistas y opositores. El problema es que la reforma sí introduce un candado relevante: la redefinición del “interés legítimo”. Ahora, solo quienes puedan probarlo tendrán acceso al recurso. Dicho en términos simples: si un grupo de ciudadanos busca frenar una obra pública que afecte al medio ambiente o a una comunidad, el camino al amparo se estrecha como embudo.
No es menor. Se trata de la tercera intervención legislativa en la figura del amparo en apenas unos años. Una insistencia que, para los críticos, parece menos un afán por mejorar la justicia y más una operación quirúrgica para neutralizar resistencias ciudadanas y empresariales.
El fantasma de Salinas Pliego.
El nombre del magnate apareció como protagonista involuntario de la trama. Salinas Pliego, enfrentado abiertamente con el Gobierno y acusado de operar con jueces para retrasar o evitar el pago de miles de millones de pesos en impuestos, se ha convertido en el rostro de los “abusos” que la reforma promete frenar.
La presidenta Sheinbaum fue clara al intervenir en la conferencia: quien interponga un amparo contra un adeudo fiscal deberá presentar un depósito o una carta de crédito bancario. Si no lo hace, la autoridad podrá proceder al embargo o subasta de bienes. Una advertencia que sonó más a ultimátum financiero que a política pública.
Godoy lo explicó con tono técnico: “Para que se otorgue la suspensión provisional, debe presentar una garantía”. En otras palabras, el amparo seguirá existiendo, pero con precio de entrada. Una especie de “cover” judicial donde solo entran los que pueden pagar por adelantado.
La pregunta es inevitable: ¿esto fortalece la justicia o convierte al amparo en un privilegio condicionado? Para los defensores de derechos humanos, la medida abre un riesgo serio: que en la búsqueda de disciplinar a los grandes empresarios morosos, se termine castigando también a ciudadanos comunes que recurren al amparo para defender su patrimonio o derechos colectivos.
Morena y sus grietas.
La reforma no solo ha levantado críticas en la academia o la oposición; también ha revelado fisuras dentro de Morena. Adán Augusto López, coordinador oficialista en el Senado, negó tajantemente que la reforma se someta a parlamento abierto. El detalle es que, un día antes, Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia y cercano a Sheinbaum, había anunciado exactamente lo contrario.
La contradicción muestra algo más que una confusión: evidencia que el partido gobernante no camina en bloque y que las tensiones internas comienzan a hacerse visibles. Mientras unos defienden la narrativa de la “justicia expedita”, otros saben que cerrar el debate público puede convertirse en un bumerán político.
Sheinbaum, consciente del costo, ha intentado marcar línea: la apertura de la discusión no fue un desliz de Corral, sino una instrucción suya. En un país donde la palabra “debate” suele confundirse con “ruido”, el gesto parece menor, pero refleja la fragilidad del terreno político donde se juega esta reforma.
Entre el discurso y la realidad.
El argumento central de Zaldívar y Godoy es que la reforma no busca restringir derechos, sino agilizar la justicia. El problema es que, en política, los matices se diluyen en la percepción pública. Y hoy, la percepción es clara: el Gobierno ha lanzado una ofensiva legal que, bajo el pretexto de frenar a los deudores fiscales, puede debilitar el alcance ciudadano del amparo.
En el mejor de los escenarios, la iniciativa permitirá a Hacienda cobrar con mayor rapidez lo que empresas poderosas adeudan desde hace años. En el peor, abrirá la puerta a que el Estado condicione la defensa legal de los ciudadanos y reduzca los contrapesos judiciales.
La ironía de las letras chiquitas.
Zaldívar, con su habitual elocuencia, quiso dejar claro que “ni se limita ni se restringe” el amparo. Pero, como en las ofertas de televisión, el asterisco es lo más importante: aplica restricciones, consulte condiciones. El Gobierno promete que la justicia será más rápida y eficaz, aunque para muchos ciudadanos suene más bien a que será más cara y menos accesible.
La reforma apenas empieza su camino en el Congreso, pero ya destapó varios frentes: empresarios incómodos, juristas preocupados, opositores afilando discursos y un oficialismo dividido. Y mientras tanto, Salinas Pliego, con su estilo desafiante en redes sociales, seguramente ya prepara su próximo tuit. Uno que, quizá, diga lo que muchos piensan: que el amparo, ese viejo escudo ciudadano, corre el riesgo de convertirse en otro botín de la política mexicana.
