“Presupuesto 2026: austeridad para todos… menos para los que votan el presupuesto”.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
Hay decisiones políticas que no necesitan un discurso para explicarse: bastan los números. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, aprobado en lo particular por la Cámara de Diputados con ajustes por 17 mil 788 millones de pesos, es uno de esos casos donde las cifras hablan más fuerte que los aplausos.
El resumen es simple: recortes a los órganos que vigilan al poder y aumentos a los bolsillos de quienes deciden esos recortes. La democracia mexicana tiene sentido del humor… aunque no siempre sea intencional.
Tijeras selectivas: la nueva dieta del Estado.
El Poder Judicial recibió el golpe más contundente: 15 mil 805 millones de pesos menos. De ese tijeretazo, la Suprema Corte perdió 661 millones, el Consejo de la Judicatura Federal 14 mil 56 millones, y el Tribunal Electoral 260 millones. En la práctica, significa que los jueces deberán administrar justicia con presupuesto “de dieta light”.
El INE, ese árbitro incómodo que cuenta votos y molesta a los poderosos, perdió mil millones de pesos. La Fiscalía General de la República, que investiga pero pocas veces llega al final del expediente, se quedó sin 933 millones. Y hasta la CNDH, que ya camina con bastón, vio recortados 50 millones de su ya menguado presupuesto.
Mientras tanto, los legisladores decidieron que sus propios ingresos sí ameritaban un reajuste “de justicia social”. En 2026, cada diputado pasará de ganar 1 millón 193 mil pesos anuales a 1 millón 307 mil, un aumento de 113 mil pesos por cabeza. No hubo debate, ni reservas, ni votos en contra. Cuando se trata del bolsillo propio, el consenso legislativo brota milagrosamente.
Austeridad para todos… excepto para quienes la predican.
¿Y a dónde fue el dinero “ahorrado”?
El discurso oficial es tan noble como selectivo: los 17 mil 788 millones recortados a los órganos autónomos se reasignaron a causas “socialmente prioritarias”.
Así, Educación Pública recibió 10 mil 842 millones adicionales; Ciencia y Tecnología, 2 mil 500 millones; Cultura, 1,985 millones; Medio Ambiente, 1,500 millones; Agricultura, 641 millones; y Trabajo y Previsión Social, 319 millones. Nada que objetar a que se financie la educación o la ciencia. El problema es que los recursos provienen de desmontar los contrapesos que garantizan que esos mismos programas se ejecuten con transparencia.
Es decir: fortalecemos el brazo izquierdo del Estado con el dinero que quitamos al ojo derecho.
La ironía es monumental: se recorta a quienes fiscalizan, se premia a quienes gastan. Si la democracia fuera un partido de futbol, México estaría jugando sin árbitro y con el marcador manipulado desde la tribuna.
Seguridad y Michoacán: los huérfanos del presupuesto.
En un país donde los homicidios superan los 25 mil anuales, el secuestro crece 18 % y el robo violento se mantiene en alza, los diputados aprobaron un presupuesto con cero pesos adicionales para seguridad. Sí, cero.
Ni un centavo extra para el rubro más urgente del país. Y, por si fuera poco, Michoacán, epicentro del crimen organizado y laboratorio de la violencia política, tampoco recibió recursos extraordinarios. Parece que la estrategia es simple: “si no hay dinero para la seguridad, al menos habrá poesía en Cultura y Física Cuántica en Conacyt”.
El “yo primero” legislativo.
En paralelo a los recortes, los diputados mantuvieron su tradicional espíritu de supervivencia presupuestal. El aumento de más de 113 mil pesos anuales por legislador implica un gasto adicional de unos 57 millones de pesos sólo en la Cámara. No es mucho en el universo de un presupuesto de 10.1 billones de pesos, pero el gesto es revelador: la clase política nunca olvida hidratarse cuando todos los demás pasan sed.
El contraste resulta grotesco: mientras la Corte ajusta viáticos y el INE cancela capacitaciones, los legisladores se suben el sueldo y mantienen seguro de vida, vales, choferes y “apoyos administrativos”.
Los estados y el espejismo federalista.
La Secretaría de Hacienda presume que el gasto federalizado —es decir, el dinero que la Federación transfiere a los estados— aumentará 6.3 % nominal en 2026. Pero con una inflación proyectada del 4.5 %, ese “incremento” apenas compensa los precios y deja a la mayoría de las entidades en números planos o negativos en términos reales.
El caso de Durango es ilustrativo: recibirá 43 mil 724 millones de pesos, un alza nominal de 5.2 % respecto a 2025. Sin embargo, ese aumento no cubre la inflación, ni los costos de infraestructura rezagada, ni el déficit en salud o seguridad. En otras palabras: más dinero en papel, menos capacidad real de acción.
El federalismo mexicano vive así su contradicción más cínica: los estados cargan con las crisis locales, pero el gobierno central concentra los recursos.
Programas sociales y el espejismo de la justicia redistributiva.
El gasto social sigue siendo el gran buque insignia del gobierno. Programas como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y la Pensión para Adultos Mayores concentran más de 1.7 billones de pesos, casi el 17 % del gasto total. Sin embargo, esta generosidad no es gratuita: el dinero sale de los recortes a salud, infraestructura y a los presupuestos estatales.
La ecuación es simple y políticamente rentable: recortamos hospitales, pero mantenemos el depósito mensual. La política social se convirtió en una especie de “transferencia emocional”: no cura, pero consuela. Y electoralmente, eso funciona de maravilla.
Impuestos “saludables” y salud enferma
El colmo llega con los nuevos impuestos para 2026. El gobierno decidió aumentar el IEPS a refrescos, sueros, cigarros y videojuegos. El mensaje moralista es impecable: “no queremos jóvenes obesos ni viciosos”.
Pero el destino de esos impuestos es menos edificante: el presupuesto para salud pública será de 965 mil millones de pesos, casi 100 mil millones menos que en 2024, cuando se asignaron 1 billón 61 mil millones. Es decir, pagaremos más por cada refresco, pero tendremos menos hospitales.
La república del espejo.
El Presupuesto 2026 es, en el fondo, un retrato político. Refleja las prioridades reales del poder: fortalecer los programas clientelares, mantener el control institucional y premiar a los propios operadores del sistema.
Se castiga la autonomía, se margina la seguridad, se descuida la salud… pero se garantiza que el aplauso siga sonando desde las curules. En tiempos donde el discurso de “austeridad republicana” se repite como mantra, el país asiste a su versión más cínica: la austeridad es para los otros. El Poder Judicial adelgaza, los órganos autónomos se anemian, los estados sobreviven, y la salud pública entra en terapia intensiva.
Pero los diputados sonríen, bien alimentados por el presupuesto que ellos mismos cocinaron.
Tal vez el gobierno no esté construyendo una “República austera”, sino una República de dieta selectiva, donde el poder come a la carta y el resto del país ayuna por decreto.
