Plan Michoacán: paz con fusil y justicia con blindaje.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
En México, los planes de seguridad se anuncian con la misma frecuencia con la que cambian los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública. Esta vez, el turno fue de Claudia Sheinbaum, quien presentó el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, una estrategia que promete “pacificar” al estado mediante una combinación de más presencia militar, fortalecimiento policial, inteligencia y combate a la extorsión.
Suena bien, hasta que recordamos que esa misma receta ha sido servida —recalentada— por los últimos tres gobiernos. Y Michoacán, lejos de mejorar, se convirtió en el espejo de los fracasos nacionales en seguridad: territorio fragmentado, autoridades rebasadas y comunidades que sobreviven entre la fe y las balas.
La paz de los generales.
De entrada, el plan presume la llegada de más fuerzas armadas, como si la paz pudiera despacharse por convoy. Sheinbaum aseguró que habrá una coordinación entre la SEDENA, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, bajo un mando conjunto que fortalecerá la presencia institucional.
Sin embargo, los datos del INEGI y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) son implacables: en 2024, Michoacán se mantuvo entre los cinco estados con mayor número de homicidios dolosos, con más de 2,100 víctimas. Y lo más alarmante es que, desde 2006, cada incremento de militares en las calles ha coincidido con un repunte temporal de la violencia.
Es decir, el Estado no impone el orden, lo negocia a balazos.
La presidenta prometió que su estrategia se basará en “inteligencia y justicia”, no sólo en fuerza. Pero eso mismo decía Felipe Calderón mientras desplegaba el Operativo Conjunto Michoacán, y lo repitió López Obrador cuando lanzó su “abrazos, no balazos”.
Hoy, Sheinbaum parece haber inventado una síntesis ideológica: “abrazos con chaleco antibalas”.
La justicia… siempre por llegar.
El componente de justicia del plan incluye fortalecer la Fiscalía estatal, capacitar policías de investigación y garantizar la atención a víctimas.
Hasta ahí, el discurso es impecable. Pero la realidad institucional de Michoacán es otra: más del 90% de los delitos quedan impunes, y los pocos casos judicializados se enfrentan a procesos que pueden durar años o desaparecer por “falta de pruebas”.
¿Cómo se puede hablar de justicia cuando la ley sólo llega a los lugares donde hay cámaras de televisión?
De hecho, el caso que detonó el anuncio —el asesinato del alcalde electo Carlos Manzo, en Uruapan— exhibe el verdadero drama: los políticos ya no son asesinados por ser enemigos del sistema, sino por ser parte de él sin el respaldo suficiente.
El crimen organizado no es una estructura paralela al Estado: es su franquicia descompuesta, operando con permisos no escritos.
Extorsión: el impuesto no oficial.
Uno de los ejes más destacados del plan es el combate a la extorsión, ese impuesto de facto que domina el comercio, la agricultura y hasta la política local.
Según datos del INEGI, Michoacán es el segundo estado del país con mayor percepción de inseguridad en zonas urbanas, y más del 60% de los negocios han sufrido algún tipo de cobro de piso o amenaza.
Sheinbaum anunció “mecanismos de denuncia y rastreo de patrones delictivos”, pero omitió decir cómo se protegerá a los denunciantes, que suelen terminar —literalmente— silenciados.
El discurso oficial promete “recuperar la confianza ciudadana”, aunque nadie se ha preguntado por qué la ciudadanía tendría que confiar otra vez en quienes le fallaron desde hace tres sexenios.
El plan insiste en “capacitar” y “depurar” las policías estatales, pero eso suena tan creíble como decir que se puede lavar una esponja con agua sucia.
Sheinbaum y la herencia del fracaso.
A diferencia de sus antecesores, Sheinbaum no heredó un estado en guerra, sino un país en desgaste. La estrategia de López Obrador de militarizar la seguridad, sin asumir los costos civiles, dejó a las fuerzas armadas como la única institución funcional del aparato público.
El problema es que ya no hay retorno: el ejército construye aeropuertos, distribuye medicinas y ahora administra la paz.
Así que cuando la presidenta promete “paz con justicia”, lo que en realidad ofrece es paz con presupuesto castrense.
El plan también busca coordinar acciones con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien acumula más denuncias de corrupción que logros verificables. La imagen conjunta de ambos en Uruapan —rodeados de soldados, funcionarios y cámaras— fue el retrato perfecto del Estado mexicano contemporáneo: una escenografía de autoridad que se desmorona al cerrar la transmisión en vivo.
Conclusión: la paz como promesa perpetua
El “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” no es un punto de quiebre, sino otro capítulo en la saga nacional de buenas intenciones armadas.
Si algo ha demostrado la historia reciente es que ningún presidente ha podido domar la violencia, porque todos intentaron hacerlo sin desmontar las causas estructurales: pobreza, impunidad, colusión y desigualdad.
Mientras esos problemas sigan intactos, la paz será una palabra bonita en los comunicados y un lujo inalcanzable en las calles.
Claudia Sheinbaum dice que “Michoacán no está solo”.
Y tiene razón: lo acompañan miles de soldados, cientos de funerales y un gobierno que aún cree que la justicia se decreta desde Palacio.
