• Se busca visibilizar y erradicar una de las formas de violencia más silenciosas: diputada.
Con la finalidad de sancionar cualquier práctica que restrinja, obstaculice o niegue a las mujeres el acceso, permanencia, desarrollo profesional o ascenso en el empleo por razones relacionadas con el embarazo, la maternidad o el ejercicio del derecho a la lactancia, la diputada Dany Soto Hernández propuso reformar la Ley Estatal de Prevención y Eliminación de la Discriminación.
“Garantizar la igualdad sustantiva no es solo un acto de justicia; es un compromiso con la dignidad y los derechos de todas las mujeres duranguenses”, expresó la legisladora al presentar la iniciativa en el marco del Mes Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con el objetivo de visibilizar y erradicar una de las formas más silenciosas y persistentes de violencia de género en el ámbito laboral.
Soto Hernández señaló que, aunque el trabajo es un derecho humano fundamental sin distinción de género o condición, miles de mujeres en México siguen viendo vulnerados sus derechos laborales por el simple hecho de vivir su maternidad, ya que, a pesar de los avances en materia de igualdad, persisten prácticas discriminatorias como despidos, hostigamiento, limitaciones al ascenso o exigencias de pruebas de embarazo.
Afirmó que esta iniciativa es un llamado a la acción para construir espacios laborales libres de discriminación y violencia, donde las mujeres puedan decidir sobre su vida, su cuerpo y su futuro sin ser castigadas por ello. “La violencia laboral también mata sueños, limita proyectos y destruye esperanzas”.
La integrante del Grupo Parlamentario del PRI, recordó que la violencia de género en los centros de trabajo se manifiesta desde comentarios despectivos hasta acciones más graves como negar oportunidades, reducir salarios o condicionar la contratación; prácticas que dañan la autoestima, afectan la salud física y emocional de las mujeres y limitan su independencia económica.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), entre octubre de 2020 y octubre de 2021, 21.7% de las mujeres de 15 años y más experimentó discriminación laboral. De este porcentaje, 10.8% tuvo menos oportunidades de ascenso que los hombres; 9.8% recibió menor salario por el mismo trabajo; 4% fue obligada a presentar una prueba de embarazo; y 0.6% sufrió despido o reducción salarial por estar embarazada.
“Detrás de estos números hay historias reales de mujeres que fueron excluidas por una condición natural y digna, que merecía apoyo, no rechazo”, afirmó.
Además, la diputada citó que, según la misma encuesta, las principales personas agresoras en el entorno laboral son compañeros de trabajo (36.6%), seguidos de jefes o patrones (17.5%) y clientes (15.4%), lo que demuestra que la discriminación laboral es un fenómeno estructural que requiere atención legislativa urgente.
