El pacto de siempre: violencia en aumento y un nuevo “Compromiso Nacional”.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
En México, los compromisos suelen tener el mismo ciclo de vida que las becas temporales: se anuncian con solemnidad, se aplauden en cadena nacional y luego se olvidan en los cajones del siguiente gobierno. Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el “Compromiso Nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres”, un documento que, en apariencia, viene a inaugurar una nueva etapa contra la violencia de género. Y digo “en apariencia” porque basta revisar las cifras oficiales para entender que el país sigue enfrentando uno de los desafíos más graves —y más negados— de su historia reciente.
La retórica es impecable: vida, felicidad, respeto… Tres palabras nobles, contundentes, incluso inspiradoras. Pero la política mexicana tiene un viejo defecto: confundir la solemnidad del discurso con la eficacia de la acción pública. Y la violencia contra las mujeres no se resuelve con frases emotivas ni con compromisos impresos en papel couché.
El golpe seco de los números.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó 100,989 mujeres víctimas de delitos del fuero común en los primeros nueve meses de 2025, un incremento frente al mismo periodo de 2024. No es una cifra marginal ni un problema de percepción: es un crecimiento real documentado por el propio gobierno federal.
Más aún: en ese mismo corte, casi 5,000 mujeres fueron asesinadas de forma violenta, pero solo 513 casos fueron clasificados como feminicidio. El resto se registró como homicidios comunes, suicidios sospechosos, o “otros eventos”, ese cajón de sastre que en México sirve para todo: desde delitos mal tipificados hasta estadísticas políticamente inconvenientes.
Es decir: no solo hay violencia, sino que también hay problemas serios para clasificarla. Y eso explica por qué, pese a los compromisos de cada administración, el feminicidio oscila entre ser crisis nacional o asunto administrativo, dependiendo del estado, del fiscal en turno y del humor político del momento.
A esto se suma otro dato inquietante: 10.6 millones de mujeres fueron víctimas de ciberacoso en 2024 según INEGI. La violencia dejó de ser un fenómeno estrictamente físico y se extendió al espacio digital, ese lugar donde, para muchos, “no pasa nada” pero donde la agresión también marca vidas.
El anuncio presidencial en contexto.
Con este panorama, llega el nuevo “Compromiso Nacional”. La presidenta Sheinbaum lo presenta como una estrategia integral basada en la prevención, la justicia y el acompañamiento. No suena mal. Ningún país puede criticar la búsqueda de “un México donde vivir sin violencia sea posible”. La pregunta, como siempre, es: ¿cómo?
En el evento se habló de fortalecer instituciones, mejorar protocolos, atender causas estructurales y promover la cultura de paz. Todo correcto. Pero hay un problema: estos compromisos ya se habían anunciado… varias veces… en varios gobiernos. Si hiciéramos una línea del tiempo de promesas contra la violencia de género, obtendríamos un mural histórico que arranca desde la administración de Calderón, pasa por Peña Nieto, se expande con López Obrador y ahora continúa con Sheinbaum.
El país ya vio el Programa Nacional para la Igualdad, la Alerta de Violencia de Género, la Estrategia Nacional de Seguridad, las reformas al Código Penal, los compromisos con la ONU, la Guardia Nacional con perspectiva de género, el Sistema Nacional de Cuidados, la reorganización del INSABI, los nuevos hospitales, los viejos hospitales… y la lista sigue. No es que falten políticas: falta voluntad, presupuesto y profesionalización.
En ese sentido, el “Compromiso Nacional” es, ante todo, un gran documento discursivo. Exigirá coordinación entre niveles de gobierno, y ahí es donde históricamente todo se desmorona. Basta recordar que hay estados que reportan cero feminicidios… mientras sus propias fiscalías y periodistas locales documentan la realidad contraria.
La política detrás del compromiso.
No es casualidad que este anuncio llegue en un momento políticamente delicado. La presión social sobre la violencia contra las mujeres se incrementa cada año. Los movimientos feministas se han vuelto un actor indispensable del debate público. Y el gobierno necesita mostrar iniciativa, sensibilidad y control narrativo.
El riesgo es que el compromiso funcione más como un mensaje político que como una estrategia pública efectiva.
Sheinbaum hereda un país donde la narrativa del sexenio anterior afirmaba que “la violencia se combate atendiendo las causas”, pero donde la realidad mostró una mezcla de improvisación, recortes presupuestales y una política de seguridad profundamente cuestionada. En el caso de la violencia contra las mujeres, esa brecha entre discurso y resultados fue particularmente dolorosa.
Por eso, este nuevo pacto carga con un doble desafío:
1. Demostrar que no es un programa más de buenos deseos, y
2. Reconstruir la credibilidad del Estado en un tema donde las mujeres han sido sistemáticamente ignoradas, desoídas y revictimizadas.
La ironía inevitable.
Que un gobierno presente un “Compromiso Nacional” mientras las cifras oficiales muestran un incremento de víctimas puede sonar como un acto de optimismo… o de voluntarismo político. Pero tal vez lo más irónico es que, en un país donde abundan pactos, convenios y acuerdos, lo que menos existe es un sistema eficaz de seguimiento.
La violencia contra las mujeres en México no se reduce por decreto, ni se desactiva con firmas. Exige instituciones que funcionen, fiscalías que investiguen, ministerios públicos que actúen sin prejuicios y políticas de prevención con presupuesto real. Exige, sobre todo, una transformación profunda del Estado, no solo de su discurso.
¿Se puede cambiar el rumbo?
Sí. Pero no con anuncios aislados. Se requiere:
• Profesionalizar ministerios públicos con capacitación específica en violencia de género.
• Obligar a las fiscalías a revisar la clasificación de asesinatos de mujeres bajo criterios nacionales uniformes.
• Asignar presupuesto verificable y auditable para refugios, programas de prevención y acompañamiento.
• Estandarizar protocolos en todo el país para evitar que la justicia dependa del código postal.
• Transparentar las cifras y reconocer los límites de la metodología actual.
• Fortalecer el enfoque digital, porque la violencia ya no se limita al espacio físico.
Si el compromiso presidencial desemboca en esto, será un avance real. Si no, será otro documento olvidado en los archivos de un país que ya tiene demasiados compromisos y muy pocos resultados.
El verdadero compromiso.
Al final, el verdadero compromiso no es el que se anuncia en un evento; es el que se implementa cuando las cámaras se apagan. Ese que implica trabajo incómodo, presupuestos no vendidos como “austeros”, y decisiones que pueden generar resistencias.
México no necesita un país donde las mujeres vivan felices por decreto. Necesita un país donde las mujeres vivan, punto.
Y si el gobierno logra eso, ya no hará falta ningún documento solemne: la realidad hablará por sí misma. Si no lo logra, la violencia seguirá recordándonos, día tras día, que los compromisos sin resultados son solo palabras que se lleva el viento.
