La nueva Ley General de Aguas: 24 horas, 500 reservas y un Congreso con sed… de control.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
Después de 24 horas de discusión —y quizá de varias decenas de litros de café— la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General de Aguas junto con reformas a la Ley de Aguas Nacionales. El trámite fue tan acelerado que, apenas estampada la votación final, la minuta salió disparada hacia el Senado, donde la mayoría oficialista ya afila el tradicional fast track legislativo. Nada nuevo: en tiempos de la “transformación”, el agua corre, pero los procesos parlamentarios vuelan.
El maratón parlamentario dejó números que hablan solos: más de 500 reservas, 324 votos a favor (Morena, PT y PVEM), 118 en contra (PRI, PAN, MC) y dos abstenciones. Lo curioso no es la votación, sino que, de ese océano de reservas, sólo 18 fueron aceptadas… todas de la coalición gobernante. Una especie de selección natural legislativa: sólo sobreviven las enmiendas que respiran el mismo aire político.
Los cambios aprobados: entre la “protección” y la discrecionalidad.
Las reservas aceptadas se vendieron al público como “la solución” a las inquietudes del sector agrícola. La oposición no compró el discurso: “ninguna soluciona lo que dicen solucionar”, reclamaron. Y es que el corazón del debate está en el artículo 22, donde se prohíbe la transmisión de derechos de concesiones… salvo que se trate de fusiones, escisiones, herencias o transmisión de propiedad. En otras palabras, no se pueden transmitir, pero sí se pueden reasignar por la vía institucional. Un candado con llave incluida.
La reasignación dependerá de “procedimientos expeditos” de la Autoridad del Agua, que tendrá hasta 20 días hábiles para resolver. Expeditos, sí, pero sujetos al mismo aparato burocrático que hoy acumula —según diversas voces— más de cien mil trámites sin atender. El riesgo es evidente: si la llave está en manos de una autoridad saturada, el verdadero control no está en la ley, sino en la ventanilla.
También se modificó el régimen de prórrogas para concesiones: podrán extenderse por igual plazo si el titular las solicita entre tres años y seis meses antes del vencimiento. Reglamentación lógica, pero que en la práctica otorga al gobierno una ventana de supervisión anticipada sobre quienes desean renovar.
El artículo 49 incorporó que tampoco habrá cambio de uso cuando las tierras se destinen a actividades acuícolas. Una ampliación menor, pero políticamente vendible como defensa de la producción.
Luego aparecieron las joyas penales: para quien traslade agua nacional con fines de lucro, de tres a cinco meses de prisión si el volumen es menor a 50 mil litros; hasta ocho meses si es mayor. El contraste llega con el castigo a funcionarios corruptos: de dos a catorce años por otorgar concesiones a cambio de beneficios particulares. Suena bien en papel, pero todos conocen el secreto a voces: en México las penas no están en la ley, sino en la impunidad.
Finalmente, transitorios que apelan a la “gestión hídrica responsable” y la prevención del acaparamiento. Redacción impecable, ejecución incierta.
Los reclamos opositores: la consulta que nunca fue.
Rubén Moreira disparó la crítica más contundente: “muestren la consulta a los pueblos originarios… traidores a la patria”. No es una frase menor. La Constitución obliga a consultar a pueblos indígenas cuando una norma afecta sus recursos naturales. Y Morena, por voz de Ricardo Monreal, aceptó lo obvio: no hubo consulta. Lo justificó diciendo que la ley atiende al sector agrícola, pero no respondió la pregunta de fondo: si el agua es recurso estratégico, ¿por qué legislar sin escuchar a quienes dependen de ella para sobrevivir?
Mientras tanto, el pleno se convirtió en una arena gladiatoria: “traidores”, gritaban los diputados oficialistas. Gritar siempre es más fácil que argumentar.
El discurso oficial: el agua como bandera moral.
Claudia Rivera Vivanco resumió la postura de Morena: reforzar el control del Estado para evitar acaparamiento y abuso. “El agua no tiene partido, pero sí destino: el bienestar del pueblo de México”. Una frase redonda, casi de campaña, aunque la realidad es menos poética. El control del Estado no garantiza justicia; garantiza control. Y la historia mexicana es generosa en ejemplos donde ese control desemboca en uso político: desde la energía hasta los programas sociales.
La otra crítica: discrecionalidad, opacidad y un aparato rebasado.
En el Senado, la priista Carolina Viggiano llevó la discusión a terreno más técnico: falta de consulta, discrecionalidad en reasignaciones, ausencia de transparencia y un discurso oficial que divide al país entre “pueblo bueno” y “acaparadores”. Señaló además dos puntos clave:
1. La incapacidad operativa de Conagua.
Con 140 mil trámites sin resolver y menos de 100 supervisores, la autoridad difícilmente podrá implementar un nuevo sistema más complejo.
2. La reducción del 40% en presupuesto.
Pretender vigilar más con menos recursos es, por decirlo amablemente, optimismo legislativo.
Su frase más punzante fue otra referencia histórica: “Todo lo que tiene el país en infraestructura hidráulica lo hizo el PRI”. Más allá de la nostalgia partidista, ilustra una verdad incómoda: México no ha invertido en infraestructura hídrica desde hace décadas, y una ley nueva no sustituye tuberías viejas.
Una ley necesaria, un proceso cuestionable.
México necesita una nueva legislación hídrica. No hay duda. El país enfrenta sequías recurrentes, sobreexplotación de acuíferos, trámites obsoletos y manejo político del agua desde hace años. Pero una ley necesaria no justifica un proceso atropellado.
El oficialismo ganó la votación, pero perdió la oportunidad de construir legitimidad social. Sin consulta indígena, sin participación de usuarios, con ventanillas saturadas y con un aparato que no puede cumplir lo que ya tiene en sus manos, el riesgo es evidente: una norma diseñada para ordenar podría terminar generando más discrecionalidad.
Al final, todos dicen defender al pueblo, pero nadie parece dispuesto a escucharlo.
