Por: Felipe Correa
Certificado de No Deudor Alimentario: un posible nuevo estándar de integridad que proponen para aspirantes a cargos de elección popular en Durango
En un esfuerzo por elevar los estándares de integridad de quienes aspiran a representar a la ciudadanía, la diputada local Verónica González Olguín presentó una iniciativa para reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Durango. La propuesta busca establecer como requisito obligatorio la presentación del Certificado de No Deudor Alimentario para todas las personas que pretendan acceder a cargos de elección popular o integrar órganos electorales, incluyendo presidencias, secretarías y consejerías de los Consejos Municipales.
El Certificado de No Deudor Alimentario es un documento oficial expedido a través del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA). Su función primordial es acreditar que el solicitante no cuenta con inscripciones vigentes por incumplimiento de sus responsabilidades alimentarias. De acuerdo con la normativa del portal oficial https://rnoa.dif.gob.mx/, este certificado se sustenta en la información proporcionada por los tribunales locales, vinculándose directamente con lo estipulado en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Durante la exposición de motivos, la legisladora González Olguín enfatizó que este requisito no constituye una medida punitiva, sino una garantía de justicia que coloca a la niñez en el centro de las decisiones públicas. “Quien cumple con sus hijas e hijos demuestra que está listo para cumplirle a la sociedad. Proteger a la niñez no es opcional, es una obligación moral y legal”, señaló la parlamentaria, subrayando que el futuro de Durango debe defenderse con hechos y responsabilidad legal.
De aprobarse la iniciativa, Durango sumaría un filtro de responsabilidad social fundamental en sus procesos democráticos. Esta medida responde a una demanda ciudadana creciente que exige perfiles públicos con solvencia ética comprobada. Además, la viabilidad de la propuesta se apoya en la infraestructura tecnológica ya existente, permitiendo que el acceso a la información y la validación de los antecedentes de los aspirantes se realice de manera ágil y transparente a través de las bases de datos nacionales.
