El 8M y la igualdad que se quedó en el discurso.
Por Alejandro Flores de la Parra.
Cada año, el 8 de marzo vuelve la misma escena: ciudades blindadas, monumentos cubiertos, discursos solemnes y un debate que se atasca en lo superficial. Se habla de pintas, de vidrios rotos, de rutas alteradas. Se discute el método y se ignora el mensaje. Y mientras la conversación pública se entretiene en la estética de la protesta, la estadística —implacable, fría, imposible de maquillar— sigue contando víctimas.
El problema no son las marchas. El problema es lo que las provoca.
México presume marcos legales de vanguardia, compromisos internacionales y una narrativa oficial que habla de igualdad sustantiva, empoderamiento y justicia con perspectiva de género. Pero cuando se revisa la realidad, la distancia entre el discurso y la vida cotidiana de millones de mujeres resulta tan amplia que cabe preguntarse si el país vive una transformación… o una simulación.
Los datos son el punto de partida incómodo. Registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que, en los últimos años, México mantiene un promedio cercano a 10 mujeres asesinadas cada día. En la última década, las muertes violentas de mujeres se cuentan por decenas de miles. No es una racha. No es un bache estadístico. Es una constante estructural.
Y aun así, el debate público se enreda en clasificaciones: si fue feminicidio u homicidio doloso, si encuadra o no en determinado tipo penal. Para las familias, la semántica no resucita a nadie. Para la política, en cambio, sí maquilla cifras.
Pero la violencia no empieza ni termina en el extremo letal. La fotografía completa es todavía más severa. La INEGI, a través de la ENDIREH, ha documentado que más de 7 de cada 10 mujeres en México han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida: psicológica, física, sexual, económica o patrimonial. No se trata de episodios aislados; es una experiencia compartida por la mayoría.
La ironía duele más cuando se observa dónde ocurre esa violencia. No siempre en calles oscuras ni en escenarios de alto riesgo. Con frecuencia sucede en los espacios que deberían ser seguros: el hogar, la pareja, la familia, el círculo cercano. El lugar íntimo convertido en zona de riesgo.
Y hay otro dato que suele perderse en el ruido: la mayoría de las víctimas no denuncia. Por miedo, por dependencia económica, por desgaste emocional o por desconfianza en autoridades que suelen revictimizar. La violencia que no se denuncia no desaparece; solo se vuelve invisible para la estadística penal y conveniente para el discurso político.
Frente a este panorama, los gobiernos —federal y estatales— sí pueden enumerar acciones. La arquitectura normativa ha crecido de forma notable en la última década:
• Reformas y actualizaciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
• Declaratorias de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en múltiples entidades
• Tipificación del feminicidio en los códigos penales estatales
• Paridad constitucional en cargos públicos
• Sanciones a la violencia política de género
• Fiscalías especializadas
• Programas de apoyo económico y refugios para víctimas
• Protocolos de investigación con perspectiva de género
En el papel, la lista es robusta. En la práctica, los resultados son limitados.
La razón es menos jurídica que estructural: las leyes no se implementan solas. Requieren presupuesto, profesionalización institucional, coordinación entre órdenes de gobierno y, sobre todo, voluntad política sostenida más allá del calendario electoral. Sin eso, las reformas se convierten en logros de boletín y no en transformaciones medibles.
A ello se suma un obstáculo mayor: la impunidad. Diversos análisis académicos y de organizaciones civiles coinciden en que la enorme mayoría de los delitos contra mujeres no se resuelven. Sin sanción, no hay disuasión. Sin justicia, no hay reparación. Sin consecuencias, la violencia se recicla.
Pero sería cómodo —y políticamente rentable— atribuir todo al Estado. La realidad es más incómoda: la violencia también se reproduce socialmente. En patrones culturales que normalizan el control, en entornos laborales que toleran el acoso, en comunidades que callan, en familias que encubren. No todo se corrige con decretos.
Ahí radica la contradicción central del 8M mexicano: se exige al gobierno lo que como sociedad aún no terminamos de asumir. No basta con exigir políticas públicas; se necesitan cambios cotidianos verificables: educación en igualdad desde la infancia, redes comunitarias de apoyo, cero tolerancia al abuso, entornos laborales seguros, corresponsabilidad doméstica real.
Porque ningún programa federal puede sustituir una cultura que no violente.
Por eso reducir el 8M a una discusión sobre monumentos es perder el punto. La protesta no es estética: es estadística. No es vandalismo: es hartazgo. No es moda: es supervivencia.
El mensaje de fondo es claro: mientras la igualdad viva mejor en los discursos que en la vida real, las calles seguirán hablando.
Y cuando las cifras gritan, el silencio institucional también es una forma de respuesta.
