Auditor incómodo… o auditor cómodo.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
La designación de quien encabezará la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debería ser uno de esos momentos donde la técnica pesa más que la táctica. No es un cargo ornamental: la institución revisa cómo se gasta cada peso público, evalúa si los contratos se justifican, si las obras existen y si los programas cumplen lo que prometen. En teoría, su vocación es anticorrupción. En la práctica, su trabajo suele ser incómodo para el poder.
Por eso resulta revelador que, antes de que el Cámara de Diputados vote, la mayoría parlamentaria de Morena y aliados haya recibido ya la instrucción política: respaldar a Aureliano Hernández Palacios Cardel como próximo titular de la ASF. Cuando la deliberación empieza con línea previa, la discusión termina siendo trámite.
Hernández Palacios no es un desconocido dentro del organismo. Llegó en 2018 como director general de Auditoría del Gasto Federalizado nivel “D” y, desde octubre de 2025, funge como Auditor Especial del área. Es decir, un perfil técnico, formado en la casa, con experiencia directa en la fiscalización de recursos que bajan a estados y municipios. En cualquier burocracia profesional, eso suma puntos.
Pero la política rara vez es un concurso de currículums.
Al economista también se le considera cercano al actual auditor superior, David Colmenares, quien lo promovió al cargo más reciente. Y fuera del edificio, su trayectoria en control interno y fiscalización en Veracruz alimenta otra cercanía: con la gobernadora Rocío Nahle. En un país donde las redes importan tanto como los reglamentos, esos vínculos pesan.
La terna se completa con Elizabeth Barba Villafán y LuisMiguel Martínez Anzures. Ella, contadora y abogada con paso por instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Fiscalía General de la República; él, contador y politólogo, presidente del Instituto Nacional de AdministraciónPública, excontralor de la FGR y exdirectivo de la Secretaría de Educación Pública capitalina. Trayectorias sólidas, perfiles técnicos. Competencia real… en el papel.
Porque en San Lázaro las matemáticas también votan. La mayoría calificada exige acuerdos amplios, sí, pero cuando un bloque disciplinado recibe consigna, el margen de negociación se estrecha. Si no hay ruptura interna, el desenlace parece escrito.
El dato político adicional es que la Cámara cerró —por ahora— la puerta a la reelección de Colmenares, quien buscaba ocho años más. Su gestión arrastra críticas por un manejo presuntamente discrecional y por una fiscalización percibida como selectiva. Para una institución que debe incomodar al poder, cualquier sospecha de complacencia erosiona credibilidad.
Sin embargo, la exclusión no es definitiva: si el Pleno no alcanza consenso, la Comisión de Vigilancia deberá proponer una nueva terna entre decenas de aspirantes, escenario donde Colmenares podría reinsertarse. El reloj corre: hay plazo legal para designar titular, y la incertidumbre también es una forma de presión política.
En los pasillos del poder, la sucesión en la ASF se leyó como un pulso interno. Versiones periodísticas señalan que la presidenta Claudia Sheinbaum no veía con buenos ojos la reelección y prefería un relevo —idealmente femenino, en sintonía con su narrativa pública—, mientras que el coordinador morenista Ricardo Monreal y el líder priista Alito Moreno habrían operado apoyos para sostener a Colmenares. Política en estado puro: equilibrios, cuotas y mensajes cruzados desde Palacio Nacional..
La sorpresa no fue solo quién quedó dentro, sino quiénes quedaron fuera. Nombres con experiencia anticorrupción como Agustín Caso, Gerardo Lozano y Emilio Barriga —exauditores especiales enfrentados con Colmenares— no avanzaron. El caso de Caso es emblemático: su auditoría sobre el costo real de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de Texcoco incomodó al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y terminó con su salida. Cuando fiscalizar sale caro, el mensaje institucional no es el mejor.
Tampoco prosperaron perfiles como Luz Mijangos, fiscal anticorrupción, ni Natalia Téllez Torres Orozco, impulsada —según versiones— por la secretaria Raquel Buenrostro y la fiscal Ernestina Godoy. Téllez coincidió con Buenrostro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, otra pista de cómo las afinidades pesan en los procesos.
En este contexto, el eventual nombramiento de Hernández Palacios puede leerse de dos maneras. La benigna: continuidad técnica en una institución compleja, con alguien que conoce los engranajes internos y el delicado mapa del gasto federalizado. La escéptica: relevo controlado, de bajo riesgo político, en una entidad que debería ser contrapeso y no extensión administrativa.
La ironía es evidente. La ASF nació para vigilar al poder; su eficacia depende de autonomía, rigor y capacidad de incomodar. Pero su cabeza se decide en la arena donde el poder negocia, disciplina y cobra facturas. Auditor incómodo, institución fuerte. Auditor cómodo, tranquilidad administrativa.
La decisión está en manos del Pleno. El mensaje, en manos de la política. Y la confianza pública —ese activo que tarda años en construirse y minutos en erosionarse— dependerá de si la fiscalización se ejerce con dientes… o con guantes de seda.
