Diplomacia a campo abierto: balas, discursos y silencios estratégicos.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
Desde uno de sus campos de golf en Florida —escenario que combina poder, espectáculo y green fee— Donald Trump volvió a colocarse en el centro del tablero hemisférico. Reunido con una docena de mandatarios de la derecha latinoamericana, el magnate republicano repitió una narrativa conocida: México es el epicentro de la violencia de los cárteles, el país estaría bajo su control y Washington está dispuesto a “erradicarlos” cueste lo que cueste. Traducción diplomática: presión pública, cálculo electoral y un mensaje de fuerza hacia su base.
Del otro lado de la frontera, la presidenta Claudia Sheinbaum —ausente de la cumbre— optó por una respuesta sin estridencias. No confrontó de forma directa la enésima provocación, pero sí marcó agenda con bisturí político: corresponsabilidad. “Nosotros hacemos nuestra parte, pero ellos también tienen una responsabilidad allá”, dijo, apuntando al flujo de armas. El dato es incómodo para Washington: más del 75% del armamento que usan grupos criminales en México proviene de Estados Unidos, según cifras del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En política exterior, a veces un porcentaje pesa más que un discurso.
La exigencia mexicana no es nueva. El combate al tráfico de armas lleva al menos dos décadas en la mesa bilateral y cobró impulso el sexenio pasado. Hoy es una de las cartas más sólidas frente a la retórica de intervención militar que asoma cíclicamente en el discurso trumpista. Para desactivar esos fantasmas, el Gobierno mexicano presume resultados operativos y una estrategia de comunicación milimétrica: detenciones relevantes, decomisos récord y desmantelamiento de laboratorios.
La semana dejó golpes de alto perfil: la captura en Sinaloa de uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, con recompensa de un millón de dólares; y la incautación en Colima de más de 270 kilos de fentanilo (polvo y pastillas), equivalentes —según autoridades— a unos 14 millones de dosis. Estos episodios se suman a capturas y entregas de capos de alto rango en meses recientes. El efecto trasciende la frontera: por primera vez en 2025 disminuyó de forma considerable el cruce de fentanilo hacia Estados Unidos, mientras las muertes por sobredosis se consolidan como crisis de salud pública y munición política en año electoral. El mensaje implícito: México puede —y está— haciendo su parte.
La experta en seguridad Eunice Rendón lo resume con claridad: resultados sostenidos envían a Washington la señal de que no se requiere tutelaje externo y, al mismo tiempo, colocan el tráfico de armas en el centro de la conversación. El problema es que la conversación no siempre se traduce en acuerdos.
En la era Trump, los avances han sido escasos, en parte por la influencia del lobby de la Asociación Nacional del Rifle, uno de los principales financiadores de sus campañas. Una excepción fue el acuerdo “Misión Cortafuegos”, anunciado en septiembre: uso de tecnología estadounidense para rastreo de armas en México y el compromiso de “intensificar” inspecciones para frenar el flujo hacia el sur. El anuncio siguió a la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, quien impulsó un grupo de alto nivel contra el narcotráfico. Diplomacia útil, aunque todavía en fase de promesas.
En contraste, el revés judicial fue contundente. La Corte Suprema de Estados Unidos desechó la demanda que México presentó en 2021 contra 11 fabricantes de armas, amparados por la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas, norma que otorga inmunidad a la industria frente a demandas por daños derivados de su uso. La ley data de 2005 y contó, en su momento, con apoyos bipartidistas —incluido el de Ken Salazar, años después embajador en México—. Cuando la política protege mercados, los tribunales suelen blindarlos.
Aún queda una vía abierta: la demanda de 2022 contra cinco armerías de Arizona, proceso en fase probatoria. Especialistas ven mayor viabilidad al estar más cerca del eslabón final de venta. También hay márgenes estatales de regulación —como en California—, la posibilidad de incorporar el tema a la revisión del T-MEC por asimetrías comerciales, y una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que fija el “deber de debida diligencia” de los Estados frente al tráfico de armas. No es vinculante, pero sí políticamente utilizable.
Históricamente, el contrabando a lo largo de los 3,169 kilómetros de frontera ha sido un tema lateral: de la Alianza para la Frontera a la Iniciativa Fronteras Seguras, los resultados fueron limitados. El deterioro se aceleró desde 2006, cuando Felipe Calderón militarizó la seguridad pública y la agenda bilateral giró hacia la crisis del narcotráfico. El consenso académico ubica un punto de inflexión en 2004: el fin de la prohibición de armas de asalto bajo George W. Bush. Más armas, más letalidad, más diversificación criminal.
Entre swings retóricos y silencios estratégicos, la relación México–Estados Unidos oscila entre cooperación pragmática y presión política. México apuesta por resultados operativos y la bandera del tráfico de armas; Washington, por narrativas de seguridad y pulsos electorales. En ese cruce, los datos importan, los tribunales pesan y la comunicación decide percepciones. La diplomacia, al final, también se juega a campo abierto.
• Cambiando de tema: solidaridad selectiva y memoria corta.
En paralelo, Andrés Manuel López Obrador reapareció desde su retiro mediático para promover donaciones en favor del pueblo cubano. El gesto humanitario sería incuestionable si no evocara un antecedente incómodo: tras el sismo de 2017, el entonces dirigente impulsó un mecanismo de recaudación que derivó en sanciones del Instituto Nacional Electoral por irregularidades millonarias en el fideicomiso “Por los Demás”. La solidaridad es virtud pública; la transparencia, requisito democrático. Sin la segunda, la primera se vuelve sospecha.
