La mula no era arisca… la hicieron: política, reforma electoral y prioridades invertidas.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
En política, el tono dice tanto como el contenido. Y cuando el tono baja después de una celebración prematura, no suele ser por modestia republicana, sino por aritmética parlamentaria. Eso fue lo que ocurrió esta semana cuando la presidenta Claudia Sheinbaum enfrió el entusiasmo que horas antes irradiaban las dirigencias de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México tras su acuerdo para impulsar el llamado “plan B” de reforma electoral.
Donde las cúpulas partidistas vieron victoria estratégica, la presidenta vio letra chiquita. Reconoció “un acuerdo principal”, sí, pero lo acotó a dos medidas muy concretas: limitar los presupuestos de los Congresos locales y reducir el gasto de los cabildos municipales para generar ahorros estimados en cuatro mil millones de pesos, recursos que —en teoría— se reorientarían a estados y municipios. Una reforma quirúrgica, de bisturí presupuestal, lejos de la cirugía mayor que originalmente se prometía.
El contraste no es menor. La narrativa triunfalista hablaba de cohesión oficialista; la precisión presidencial reveló algo distinto: consenso parcial y agenda fragmentada. Dicho sin eufemismos, el acuerdo fue más administrativo que político, más contable que estructural.
Lo que sí, lo que no… y lo que quedó en silencio.
La presidenta fue clara en su insistencia: seguirá empujando la reducción de privilegios de los partidos políticos, uno de los ejes de su iniciativa original. Sin embargo, los temas que definían la ambición de esa propuesta quedaron fuera del paquete inmediato:
• Reducción del financiamiento público a partidos.
• Eliminación de 32 senadores de representación proporcional.
• Nuevo vínculo entre voto ciudadano y asignación de 200 diputaciones plurinominales.
• Cómputos electorales desde la noche de la jornada.
• Regulación del uso de inteligencia artificial en campañas.
• Recortes estructurales al costo del sistema electoral.
Nada de eso aparece en el acuerdo celebrado. Todo eso se pospone para “seguir insistiendo”.
La escena política es reveladora: una mandataria que reafirma convicciones, aliados que administran resistencias y una reforma que se encoge para poder avanzar. No es necesariamente incoherencia; es realismo legislativo. Pero tampoco es la transformación prometida.
Aún más interesante es lo que no se dijo con claridad en el coro oficialista: dos asuntos sensibles que sí estarían contemplados en el plan B presidencial, aunque omitidos en las declaraciones aliadas. Primero, adelantar la revocación de mandato para empatarla con la elección de 2027. Segundo, incorporar temas electorales al catálogo de asuntos sometibles a consulta popular. Dos piezas con alto contenido político que tocan tiempos, incentivos y movilización electoral. Silencios que pesan.
La aritmética manda (y disciplina).
La presidenta lo reconoció sin dramatismo: no ha cambiado de parecer. Envió su reforma, fue rechazada y, aun así, sostiene que marcó posición. Mensaje doble: coherencia ideológica y pedagogía política. El problema no es de convicciones; es de votos.
Aquí entra la vieja máxima parlamentaria: las reformas no se miden por lo deseable sino por lo viable. Y cuando la mayoría calificada no alcanza, el maximalismo cede ante el incrementalismo. El resultado es un plan B que parece más un “mientras tanto”.
Desde esa óptica, la cautela presidencial también funciona como deslinde. Si el proyecto quedó recortado, la responsabilidad no es exclusiva del Ejecutivo. La evaluación —dijo— corresponde a la ciudadanía. Traducción política: los aliados también pagan costos.
“La mula no era arisca…”
El refrán popular retrata bien la escena. La resistencia no nació sola; se construyó en la operación política. La reforma electoral es importante —nadie lo discute—: define reglas del juego, equilibrios institucionales y costos de la democracia. Pero también exige precisión técnica, acuerdos amplios y una narrativa consistente.
Lo que vimos fue otra cosa: una iniciativa ambiciosa, una negociación accidentada y un desenlace reducido. La política comparada ofrece ejemplos de reformas electorales exitosas cuando se negocian con inclusión y tiempos adecuados. Aquí, en cambio, la prisa pareció enemiga del consenso.
Y surge la pregunta incómoda: ¿era este el momento prioritario?
Prioridades y distracciones.
México enfrenta presiones fiscales, desaceleración económica, desafíos de seguridad, tensiones comerciales y rezagos en servicios públicos. En ese contexto, una reforma electoral de alto voltaje político —pero de alcance acotado en su versión viable— puede percibirse como desconexión de prioridades o como intento de marcar agenda cuando otros frentes demandan atención urgente.
No se trata de minimizar la arquitectura electoral; se trata de calibrar costos de oportunidad. Cada minuto político invertido en una negociación compleja es un minuto que no se dedica a seguridad, salud, crecimiento o infraestructura. Gobernar también es jerarquizar.
Lo que viene: calendario y cálculo.
La presidenta enviará la iniciativa al Congreso y promete detallar los componentes sensibles del plan B. También adelantó que planteará posponer un año la elección judicial prevista para 2027. Más piezas al tablero institucional.
El movimiento es estratégico: ajustar tiempos redefine incentivos políticos y ventanas de negociación. Pero cada ajuste suma complejidad y multiplica resistencias.
Balance o desbalance.
Objetivamente, el acuerdo existe. Críticamente, es limitado. Irónicamente, se celebró como épica lo que terminó siendo contabilidad.
La política es el arte de lo posible, sí, pero también de lo creíble. Cuando la narrativa supera a la sustancia, la credibilidad se erosiona. Y cuando la operación se impone a la persuasión, las reformas se encogen.
La mula, pues, no nació arisca. Entre maximalismos iniciales, negociaciones incompletas y prioridades discutibles, la hicieron.
