Por: Felipe Correa
El reto de legislar el algoritmo: Entre el control parental y la violencia digital.
En política, saber leer el «humor social» es un arte que pocos dominan sin caer en el populismo. Sin embargo, cuando el tema toca las fibras más sensibles de la estructura familiar —el acceso de los menores a la selva digital—, la narrativa cambia. Hace unos días, el diputado Alejandro Mojica Narváez, en mancuerna con la legisladora Ana María Durón, puso el dedo en una llaga que supura desde hace tiempo: la desprotección de la niñez y las mujeres en el ecosistema virtual.
La premisa de Mojica es tajante: limitar el uso de redes sociales a menores de 16 años. La frase, aunque necesaria en el debate público, suena a desafío en una era donde el algoritmo parece tener más autoridad que el tutor. No obstante, la propuesta no es un arrebato; es el reflejo de un parlamentario que escucha a sus representados y entiende que el «interés superior de la niñez» no puede ser una frase decorativa en la ley.
Del discurso a la responsabilidad compartida
Legislar sobre Internet es caminar por una cuerda floja. Mojica, también coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, busca reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado no solo para restringir, sino para empoderar a los padres. La iniciativa otorga facultades claras para supervisar, autorizar o cancelar el uso de plataformas, intentando devolver el control del hogar a quienes realmente deben ejercerlo.
Pero la propuesta sería estéril si se quedara en la prohibición. El acierto radica en la obligatoriedad de implementar campañas de educación digital. No basta con apagar la pantalla; hay que enseñar a navegar.
La otra cara de la moneda: El «linchamiento digital»
Por su parte, la diputada Ana María Durón ataca otro frente urgente: la violencia política de género. En un mundo donde los deepfakes y la manipulación con Inteligencia Artificial se han convertido en armas de destrucción de reputaciones, su propuesta para reformar la Ley de las Mujeres para una Vida Sin Violencia es, más que necesaria, indispensable.
Reconocer el “linchamiento digital” como una modalidad de agresión es un paso firme hacia la madurez democrática. No podemos permitir que el espacio digital sea el refugio de cobardes que buscan descarrilar carreras políticas mediante la difamación automatizada.
Remate
Tocar estos temas suele atraer críticas de quienes confunden libertad con anarquía digital. Sin embargo, Mojica y Durón han decidido que el costo político de la inacción es más alto que el de la regulación. Si estas iniciativas logran trascender el papel y convertirse en políticas públicas tangibles, Durango podría estar sentando un precedente necesario: el Estado no debe ser un espectador pasivo ante la violencia que viaja por la fibra óptica.
