La cirugía silenciosa del obradorismo judicial.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
En política mexicana hay reformas que nacen como epopeyas… y terminan necesitando manual de reparación antes de cumplir un año. La reforma judicial impulsada por el obradorismo, presentada en su momento como la gran democratización de la justicia mexicana, acaba de entrar oficialmente al taller mecánico. Y lo más interesante no es que tenga fallas, sino que sea la propia presidenta Claudia Sheinbaum quien haya decidido abrir el cofre.
El movimiento no es menor. El Gobierno federal ha planteado aplazar de 2027 a 2028 la segunda elección popular de jueces, magistrados y ministros, además de rediseñar buena parte de los mecanismos de selección de candidatos. En términos políticos, el mensaje es claro: la elección judicial de 2025 dejó más dolores de cabeza que aplausos.
Aunque desde Palacio Nacional se insiste en que el cambio responde principalmente a razones logísticas, la explicación parece demasiado pequeña para un ajuste tan grande. Es cierto que organizar en 2027 elecciones federales, estatales, municipales y judiciales habría convertido al INE en una especie de operador de aeropuerto en temporada vacacional. Pero el problema de fondo no era únicamente el tamaño del operativo, sino el resultado del experimento.
La participación ciudadana quedó por debajo de las expectativas; las boletas parecían acordeones infinitos; y los filtros de evaluación permitieron la llegada de perfiles con escasa trayectoria judicial y evidentes cercanías políticas. Lo que Morena vendió como una revolución democrática empezó a parecerse peligrosamente a un casting improvisado para administrar tribunales.
La paradoja es fascinante: el oficialismo pasó meses asegurando que el nuevo modelo judicial representaba un cambio histórico e irreversible, y ahora el mismo oficialismo reconoce —aunque sin decirlo abiertamente— que la maquinaria salió defectuosa desde la línea de ensamblaje.
Porque eso es precisamente lo que representa esta iniciativa: una corrección política sin admitir plenamente el error político.
La nueva propuesta busca poner orden donde antes hubo entusiasmo ideológico. Se plantea crear una Comisión Coordinadora que homologue criterios de evaluación, aplicar exámenes técnicos obligatorios, elevar requisitos de experiencia y reducir drásticamente el número de candidaturas. Traducido al español cotidiano: descubrieron que elegir jueces como si fueran candidatos de reality show quizá no era la idea más sólida para construir un sistema judicial funcional.
Resulta especialmente simbólico que desaparezcan criterios superficiales como el promedio académico para sustituirlos por pruebas técnicas y entrevistas especializadas. Es casi una confesión institucional de que el romanticismo político no basta para impartir justicia en un país atravesado por crimen organizado, corrupción y litigios multimillonarios.
También hay una lectura electoral imposible de ignorar. El aplazamiento hasta 2028 permitirá empatar la elección judicial con la consulta de revocación de mandato. Morena entiende perfectamente que la movilización política es más eficiente cuando varios procesos concurren al mismo tiempo. En otras palabras: si la participación ciudadana fue decepcionante en 2025, la solución será colocar más incentivos políticos alrededor de las urnas.
El ajuste revela además un cambio de estilo entre el obradorismo puro y el sheinbaumismo emergente. Mientras el expresidente Andrés Manuel López Obrador solía convertir cualquier crítica en una batalla ideológica, Sheinbaum parece apostar por un pragmatismo más técnico. No desmonta la reforma; la recalibra. No rompe con el legado; lo administra. Y eso, dentro de Morena, ya representa una diferencia importante.
Sin embargo, el problema de fondo permanece intacto. La gran pregunta sigue siendo si la elección popular de jueces realmente fortalece la independencia judicial o simplemente traslada las disputas políticas al interior de los tribunales. Porque reducir nombres en las boletas y mejorar exámenes puede corregir fallas operativas, pero no necesariamente resuelve el dilema central: si la justicia debe responder a la lógica de los votos o a la lógica del derecho.
Ahí está el verdadero desafío del nuevo oficialismo. La reforma judicial fue concebida como una bandera política de transformación nacional, pero terminó chocando con una realidad menos épica y mucho más burocrática. Y en México, pocas cosas son más peligrosas para un proyecto político que descubrir que gobernar implica administrar detalles.
Al final, la presidenta no está enterrando la reforma judicial. Está intentando salvarla de sí misma. Y quizá esa sea la señal más clara de que el discurso de “la transformación histórica” ya comenzó a encontrarse con el incómodo mundo de las consecuencias prácticas.
