Toboganes contra corales: La batalla política detrás de Mahahual.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
La cancelación del parque acuático Perfect Day, de la naviera Royal Caribbean, en Mahahual, Quintana Roo, no solo representa una victoria ambiental para activistas y organizaciones civiles. También exhibe, una vez más, las contradicciones internas de un Gobierno que intenta caminar al mismo tiempo por la alfombra roja de la inversión extranjera… y por el sendero verde del ambientalismo político.
La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, fue contundente: el proyecto no será aprobado. Lo dijo entre aplausos y con un tono que parecía enviar un mensaje político más amplio: en el nuevo sexenio ya no todo megaproyecto turístico tendrá pase automático, aunque venga acompañado de miles de millones de dólares y promesas de desarrollo regional.
El problema es que Perfect Day no era precisamente un proyecto clandestino descubierto por sorpresa en algún rincón del Caribe. Era una inversión presumida públicamente por la propia presidenta Claudia Sheinbaum apenas iniciado su Gobierno. En octubre de 2024, Palacio Nacional recibió a representantes de grandes corporaciones globales para anunciar inversiones multimillonarias. Entre ellas, la de Royal Caribbean, que prometía destinar mil millones de dólares al sur de Quintana Roo, como parte del “desarrollo” asociado al Tren Maya.
En aquel momento, el discurso oficial hablaba de crecimiento económico, empleo y turismo sustentable. El entonces secretario de Economía, Marcelo Ebrard, calificó el complejo como “un proyecto muy interesante” y aseguró que tendría “alta exigencia ambiental”. Traducción política: sí queremos inversión extranjera, pero envuelta en papel reciclable.
Sin embargo, conforme comenzaron a circular detalles del proyecto —30 toboganes gigantes, seis piscinas, 24 bares y capacidad para recibir hasta 20 mil visitantes diarios— el entusiasmo gubernamental empezó a chocar con otra realidad menos cómoda: el costo ecológico y político de intervenir una región ubicada junto al Sistema Arrecifal Mesoamericano, la segunda barrera coralina más grande del planeta.
Y ahí apareció el verdadero factor de presión: la opinión pública.
Porque si algo ha aprendido el actual Gobierno es que el impacto ambiental puede administrarse… pero el desgaste político en redes sociales no siempre. Mahahual dejó de ser solamente un proyecto turístico y se convirtió en símbolo de una discusión mucho más amplia: ¿hasta dónde puede llegar el modelo de turismo masivo en zonas ecológicamente frágiles?
La ironía resulta inevitable. El mismo oficialismo que durante años defendió megaproyectos señalados por ambientalistas —incluido el propio Tren Maya— terminó frenando una inversión extranjera precisamente por argumentos ecológicos. No deja de llamar la atención que el discurso ambiental adquiera mayor firmeza cuando el costo político comienza a subir y las organizaciones civiles logran colocar el tema en la conversación nacional.
Y es ahí donde el caso adquiere relevancia política.
Porque el Gobierno federal intenta construir una nueva narrativa: la de una administración que sí escucha las preocupaciones ambientales y sociales. La decisión de Semarnat parece buscar una línea de diferenciación respecto al sexenio de Andrés Manuel López Obrador, donde muchas veces las críticas ecológicas fueron minimizadas bajo el argumento del “desarrollo nacional”.
Pero el episodio también deja preguntas incómodas. Si el proyecto era tan riesgoso ambientalmente, ¿por qué fue promovido inicialmente desde el más alto nivel político? ¿Por qué autoridades municipales y distintas dependencias defendieron legalmente a la empresa durante los amparos? ¿Y por qué la preocupación ecológica parece haberse acelerado solamente cuando el tema explotó mediáticamente?
Las respuestas apuntan a una realidad muy mexicana: la política ambiental suele avanzar no por planeación estratégica, sino por cálculo político.
Eso no le resta mérito a la presión ciudadana. Organizaciones como Greenpeace México y Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano lograron convertir un conflicto local en un asunto nacional. En un país donde muchas veces los permisos ambientales parecen simples trámites administrativos con sello oficial y café incluido, el caso Mahahual demuestra que la movilización pública todavía puede alterar decisiones de alto nivel.
Al final, Semarnat tomó una decisión que probablemente era la menos costosa políticamente. Frenar el proyecto genera tensiones con inversionistas, sí, pero aprobarlo habría significado abrir otro frente de desgaste para un Gobierno que busca consolidar una imagen más técnica, moderada y ambientalmente responsable.
Mahahual se convirtió así en algo más que un debate ecológico. Es una postal del México contemporáneo: un país que busca atraer capital internacional mientras intenta convencer a sus ciudadanos de que el desarrollo no implica destruir lo poco que aún permanece intacto.
Y en esa compleja ecuación política, el arrecife terminó teniendo más fuerza que los toboganes.
