Los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política plantearon reformas a la Ley para la Entrega-Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y Municipios, para fortalecer la legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la seguridad jurídica en los procesos de transición de las instituciones públicas.
De esta manera, la propuesta que encabeza el diputado Ernesto Alanís Herrera, establece disposiciones más claras para que las personas servidoras públicas de los Poderes del Estado, organismos autónomos, municipios y demás entes que administren recursos públicos entreguen, al concluir su encargo, los recursos humanos, financieros y materiales, así como la documentación, información y asuntos bajo su responsabilidad, garantizando una adecuada continuidad administrativa.
Las reformas responden a la necesidad de actualizar el marco normativo vigente y armonizarlo con la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás ordenamientos aplicables, a fin de consolidar procesos de entrega-recepción más eficientes, transparentes y acordes con los principios de Gobierno Abierto.
Entre los principales cambios se busca fortalecer el papel de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, al facultarla expresamente para emitir formatos y modelos de actas aplicables a todos los sujetos obligados, lo que permitirá homologar procedimientos y brindar mayor certeza jurídica a las partes involucradas.
Asimismo, se propone ampliar diversos plazos relacionados con notificaciones, requerimientos y diligencias, con el objetivo de hacerlos más razonables y acordes con la operación de las instituciones públicas, garantizando el debido proceso y la protección de los derechos de quienes participan en estos procedimientos.
La iniciativa también reconoce que el proceso de entrega-recepción puede complementarse mediante una junta de aclaraciones posterior a la firma del acta correspondiente, permitiendo solventar inconsistencias y fortalecer la integridad del procedimiento. Además, actualiza las obligaciones de las personas servidoras públicas entrantes para que puedan reportar irregularidades detectadas durante la revisión de los bienes, recursos y documentos recibidos.
De igual manera, se incorpora la figura de la entrega preliminar como un mecanismo que permita asegurar la continuidad operativa de las instituciones, especialmente en lo relativo a recursos, archivos y asuntos urgentes, evitando afectaciones al interés público durante los cambios de administración.
Otro aspecto relevante es la ampliación y precisión de la información que deberá integrarse en las actas de entrega-recepción, incluyendo elementos como la estructura orgánica, el marco jurídico aplicable, los programas en ejecución y un informe ejecutivo, herramientas que facilitarán la toma de decisiones y las tareas de fiscalización.
