Del fluxómetro al Caribe.
La incómoda ciencia de Amílcar Olán.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
Hay carreras empresariales exitosas, carreras meteóricas y luego está la trayectoria pública de Jorge Amílcar Olán Aparicio: en mayo de 2018 obtuvo un contrato federal por 27 mil 642 pesos para suministrar émbolos y sensores de fluxómetros; años después, empresas vinculadas con él aparecían en operaciones públicas por cientos de millones de pesos. El Universal documentó contratos de Romedic y MCCI reportó que entre 2020 y 2022 más de 490 millones de pesos provenientes del extinto Insabi terminaron en esa empresa.
Nada de eso, por sí solo, prueba corrupción.
Pero tampoco es precisamente información destinada a producir bostezos.
Proceso agregó otra pieza: en 2023 Olán adquirió dos departamentos en Puerto Cancún por más de 31 millones de pesos; uno por aproximadamente 24.7 millones y otro por 6.6 millones. Las operaciones coincidieron temporalmente con contratos públicos relacionados con sus negocios, incluido uno reportado por 295 millones de pesos para medicamentos en Quintana Roo. Coincidencia temporal no significa causalidad —conviene subrayarlo—, pero en democracia las coincidencias millonarias suelen requerir algo más elaborado que un encogimiento de hombros.
Y ahí comienza el verdadero problema político.
Olán no es relevante simplemente porque sea amigo de Andrés Manuel López Beltrán. La amistad no constituye delito, conflicto de interés automático ni prueba de tráfico de influencias. Incluso MCCI ha precisado que sus investigaciones no afirmaron que los contratos de Romedic hubieran sido otorgados por recomendación de los hijos de López Obrador.
Lo relevante es otra cosa: cuando alrededor de una persona políticamente cercana aparecen contratos crecientes, recursos federales, negocios con distintos gobiernos y un patrimonio inmobiliario de consideración, corresponde a las instituciones demostrar que los procedimientos fueron legales, competitivos y ajenos a cualquier influencia.
No al periodista demostrar primero que hubo corrupción para entonces permitirle preguntar.
Porque hay un detalle particularmente revelador. Según expedientes judiciales revisados por Proceso, Olán promovió un amparo con el que pretendió frenar publicaciones sobre él y sus empresas en 14 medios y plataformas, entre ellos Google, Facebook, YouTube, TikTok, X, Aristegui Noticias y El Universal. El intento no prosperó. En marzo de 2025 un tribunal colegiado consideró improcedente tratar a medios y plataformas como autoridades para efectos del amparo y recordó, además, una obviedad democrática bastante saludable: el derecho de réplica sirve para corregir información, no para censurarla.
La presidenta Claudia Sheinbaum ofreció el 2 de septiembre una respuesta que merece atención: afirmó que “todo se investiga”, administrativa y penalmente, y confirmó que Hacienda y la Secretaría Anticorrupción tienen información relacionada con Olán. También pidió que las acusaciones se sustenten en “evidencias científicas” y no solamente en lo publicado por revistas, periódicos o redes.
La frase resulta peculiar.
A un contrato público no suele hacérsele una prueba de laboratorio. Se audita. Una escritura notarial no necesita microscopio: se coteja. Las transferencias bancarias, adjudicaciones, pedimentos, declaraciones fiscales y expedientes administrativos tampoco requieren bata blanca sino instituciones capaces de seguir el dinero.
Eso es precisamente lo que debería ocurrir.
Y también conviene poner el freno donde corresponde. Hasta este 17 de septiembre de 2026, la fiscal general Ernestina Godoy ha negado que exista una orden de aprehensión contra Olán; tampoco puede afirmarse, con la información pública disponible, que su crecimiento empresarial sea producto de su amistad con la familia López Obrador.
Pero la ausencia de una orden de captura tampoco convierte las preguntas en calumnias.
El asunto Amílcar Olán puede terminar acreditando delitos, irregularidades administrativas o negocios perfectamente legales. Eso le corresponde determinarlo a las autoridades. El problema político comienza antes: cuando alguien próximo al poder prospera extraordinariamente haciendo negocios con ese mismo poder, la transparencia deja de ser cortesía y se convierte en obligación.
Morena llegó prometiendo separar el poder económico del político. Por eso estos casos pesan doble: no necesariamente porque demuestren que aquella promesa fracasó, sino porque ponen a prueba si las reglas también funcionan cuando los nombres investigados pertenecen al círculo cercano.
En política, la amistad puede ser perfectamente inocente.
Lo que no debería necesitar amigos es conseguir contratos públicos.
Y para comprobarlo tampoco hace falta ciencia.
Hace falta transparencia.
