El teléfono como arma: la nueva dimensión de la extorsión en México.
Hay llamadas que ya no buscan comunicar, sino identificar, engañar, intimidar y, en determinados casos, apropiarse de la tranquilidad y el patrimonio de quienes las reciben. El teléfono celular, uno de los instrumentos más utilizados de la vida cotidiana, se ha convertido también en un espacio de exposición frente a una criminalidad que aprovecha la tecnología para ampliar sus capacidades de operación.
El problema no debe reducirse a las llamadas comerciales no deseadas. Detrás de una parte del fraude telefónico y de las comunicaciones engañosas existe una transformación en las formas de relacionarse con las víctimas. La automatización, la suplantación de identidad y el uso de información personal permiten a los delincuentes construir escenarios de confianza, urgencia o amenaza con una facilidad que obliga a revisar las estrategias de prevención y respuesta institucional.
Un dato permite dimensionar el fenómeno. El informe de Truecaller sobre llamadas spam y fraude, publicado en 2026 con datos correspondientes a 2025, ubicó a México con una proporción de 62 por ciento de llamadas no deseadas o fraudulentas entre las llamadas de números desconocidos analizadas por su plataforma. La cifra coloca al país en el sexto lugar de la clasificación difundida por la empresa. Sin embargo, debe precisarse que se trata de datos de una plataforma privada y no de un censo de todas las líneas telefónicas mexicanas. Su valor está en mostrar una tendencia, no en sustituir las estadísticas oficiales.
La misma investigación señala que en México más de 40 por ciento de las llamadas spam identificadas corresponden a instituciones financieras. Este dato resulta relevante porque revela la importancia de la suplantación de entidades legítimas como mecanismo para generar credibilidad. El delincuente no necesita presentarse como delincuente; le basta, en ocasiones, con aparentar ser una institución bancaria, un proveedor de servicios o una autoridad para intentar obtener información o inducir una acción de la víctima.
El desafío se vuelve mayor cuando la conversación telefónica se conecta con otras herramientas digitales. La inteligencia artificial puede facilitar la elaboración de mensajes personalizados, la imitación de voces y la creación de contenidos que aparentan ser auténticos. No obstante, es necesario evitar afirmaciones que presenten como un hecho generalizado que cada llamada de pocos segundos tiene como objetivo recolectar muestras de voz. Esa hipótesis debe distinguirse de las prácticas documentadas y de la evidencia específica de cada investigación criminal.
En este escenario, la seguridad pública enfrenta un problema que rebasa la lógica tradicional de la persecución del delito. Ya no se trata únicamente de identificar a quien realiza una llamada amenazante, sino de comprender las cadenas de información, los mecanismos de suplantación y las herramientas tecnológicas que permiten multiplicar los intentos de fraude. La respuesta requiere coordinación entre autoridades de seguridad, fiscalías, instituciones financieras, empresas de telecomunicaciones y plataformas digitales.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, del INEGI, ofrecen una señal de especial importancia. Con datos de victimización correspondientes a 2025, la encuesta reportó una estimación de 33.8 millones de delitos y 23 millones de víctimas. Entre los delitos más frecuentes se ubicaron el fraude, la extorsión y el robo o asalto en calle o transporte público. El INEGI también señaló que el fraude y la extorsión representaron, en conjunto, 44 por ciento del total de los delitos estimados.
La relevancia de estos resultados no radica solamente en el volumen, sino en lo que plantean para la política pública. Cuando el fraude y la extorsión adquieren un peso significativo dentro de la victimización nacional, las autoridades deben analizar cómo se previenen, investigan y sancionan estas conductas, sin asumir que todas tienen el mismo origen, modalidad o nivel de organización criminal.
También debe atenderse la cifra oculta. La ENVIPE 2026 estimó que 93.4 por ciento de los delitos ocurridos en 2025 no se denunció o no derivó en el inicio de una carpeta de investigación. Este indicador corresponde al conjunto de los delitos estimados por la encuesta y no debe presentarse como una tasa específica de extorsión telefónica. Aun así, expone una dificultad estructural: una parte considerable de la criminalidad permanece fuera de los registros de investigación formal.
En el caso de la extorsión, el silencio puede estar asociado con el miedo, la desconfianza, la percepción de inutilidad de la denuncia o el temor a sufrir represalias. Por ello, fortalecer los mecanismos de atención, la protección de las víctimas y la confianza institucional es tan importante como incrementar la capacidad operativa de las corporaciones policiales y las fiscalías.
El reto también demanda una conversación seria sobre la responsabilidad de los actores tecnológicos. La ciudadanía necesita herramientas que permitan identificar llamadas sospechosas, reportar intentos de fraude y recibir orientación clara. Las instituciones, por su parte, deben fortalecer los canales de denuncia y mejorar el intercambio de información dentro de los límites legales de protección de datos personales. No se trata de trasladar toda la responsabilidad al usuario, sino de construir un sistema en el que la prevención no dependa exclusivamente de la cautela individual.
La educación digital debe formar parte de esa respuesta. Ninguna persona debería sentirse obligada a proporcionar códigos de verificación, contraseñas, información bancaria o datos personales ante una llamada inesperada. Tampoco debe normalizarse la presión para realizar transferencias inmediatas bajo amenazas o supuestas emergencias familiares. La prevención comienza con la información, pero debe respaldarse con instituciones capaces de actuar.
México enfrenta, en consecuencia, una transformación de los riesgos vinculados con la comunicación digital. La llamada telefónica no es, por sí misma, una amenaza, pero tampoco puede seguir considerándose un canal de confianza automática. En un entorno donde la tecnología amplía el alcance de los engaños, la seguridad pública debe avanzar hacia modelos de inteligencia, prevención e investigación que comprendan la dimensión digital de la criminalidad.
El desafío no consiste únicamente en bloquear números o responder a una llamada de extorsión después de que ocurre. Consiste en impedir que las redes de fraude encuentren condiciones favorables para operar, reducir la vulnerabilidad de la población y garantizar que las víctimas tengan instituciones accesibles, confiables y eficaces. El teléfono puede ser una herramienta de comunicación, pero la respuesta del Estado debe evitar que se convierta en un instrumento de miedo.
