59 millones de litros y un océano de dudas.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
En México hemos aprendido que un decomiso puede medirse en litros, toneladas, millones de pesos o número de fotografías oficiales. Lo difícil sigue siendo medirlo en certezas.
El aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide, Guanajuato, fue presentado como un golpe histórico contra el huachicol. Y, por volumen, vaya que lo parecía: diez tanques, gasolina regular, premium y diésel. El problema es que mientras el titular ya había llegado a la categoría de “histórico”, la propia autoridad seguía tratando de determinar algo bastante elemental: cuánto del combustible era efectivamente ilegal.
La investigación comenzó el 3 de julio con una pipa de 33 mil litros cuyo conductor no pudo acreditar la procedencia del diésel. De ahí se siguió la pista hasta distintos inmuebles y finalmente a la terminal de San José Iturbide. Hasta ahí, una investigación que parece hacer exactamente lo que debe hacer una investigación: seguir indicios.
El ruido comienza después.
Omar García Harfuch confirmó el aseguramiento y prometió detenciones. Explicó que cuando se ejecutó el operativo el inmueble estaba vacío y sostuvo que, como en otros grandes decomisos, los responsables serían capturados posteriormente. Es posible. Pero políticamente resulta difícil evitar la paradoja: el decomiso de combustible ilegal más grande de la historia reciente habría ocurrido en un lugar donde, al momento de llegar las autoridades, aparentemente no había a quién detener y todavía faltaba determinar de quién era buena parte del combustible.
Y entonces apareció Grupo SIMSA.
La empresa sostiene que la terminal opera legalmente, con un permiso de almacenamiento vigente por 30 años, y que los combustibles pertenecen a terceros que utilizan sus instalaciones. El Financiero verificó la existencia del permiso y sus modificaciones regulatorias. SIMSA asegura además haber proporcionado documentación a las autoridades.
Eso, por supuesto, no prueba que cada litro almacenado tenga procedencia lícita. Tener permiso para guardar gasolina no convierte automáticamente en legal todo lo que entra a un tanque.
Pero lo contrario también es cierto: encontrar 59 millones de litros en una instalación autorizada tampoco convierte automáticamente los 59 millones en huachicol.
Precisamente ahí está el problema.
La FGR tuvo que precisar después que no todas las empresas relacionadas habían entregado documentación completa y fehaciente sobre el origen, manejo y destino del combustible, y trasladó la investigación a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada para revisar propiedad, operación y trazabilidad financiera y fiscal. Traducido del lenguaje ministerial: el caso puede ser enorme, pero todavía se está construyendo la explicación de por qué.
El País añadió otra capa de incertidumbre: fuentes consultadas por ese diario sostienen que el volumen finalmente considerado irregular podría disminuir conforme los propietarios acrediten la legal procedencia del producto. El mismo medio reportó que el operativo habría ocurrido antes de su anuncio público y que la terminal había retomado actividades. Son datos periodísticos todavía sujetos al desarrollo de la investigación, pero suficientes para formular preguntas que el Gobierno debería despejar.
Porque un gobierno puede reservar detalles de una carpeta; lo que no debería hacer es convertir una investigación en trofeo antes de terminar de explicar qué encontró.
Y hay una ironía política adicional.
Andrés Manuel López Obrador cerró su sexenio afirmando sobre el huachicol: “Eso se acabó” y “se terminó”, después de presumir una reducción desde alrededor de 80 mil barriles diarios robados al inicio de su administración. Sin embargo, el propio López Obrador había reconocido en 2023 que todavía se sustraían aproximadamente cinco mil barriles diarios.
Dos años después de aquella despedida presidencial, el país discute un aseguramiento de dimensiones inéditas.
Eso no demuestra que el actual Gobierno sea incapaz de combatir el fenómeno; el hecho mismo de detectarlo puede demostrar justamente lo contrario. Pero sí revela algo más incómodo: el huachicol nunca desapareció por decreto ni por narrativa. Cambió, se sofisticó y probablemente trasladó parte de su negocio del agujero clandestino en un ducto hacia importaciones, terminales, facturas, pedimentos, empresas y redes financieras mucho más difíciles de seguir.
Por eso Claudia Sheinbaum y García Harfuch tienen ante sí una oportunidad y un riesgo.
La oportunidad es convertir los 59 millones de litros en una investigación que revele propietarios, beneficiarios, rutas, documentos, complicidades y responsabilidades.
El riesgo es que el “mayor decomiso de la historia” termine convertido en el mayor comunicado de prensa de la historia.
Porque al final los récords policiales no se acreditan en litros.
Se acreditan en pruebas.
