No robar, no mentir… y sí comprobar.
La corrupción no desaparece por decreto ni cambia de naturaleza cuando cambia el color del gobierno.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
La corrupción mexicana tiene una extraordinaria capacidad de adaptación. Sobrevivió al PRI, atravesó gobiernos panistas y, por lo visto en las auditorías municipales, tampoco necesitó visa para ingresar a la Cuarta Transformación. La diferencia es que Morena llegó al poder ofreciendo algo más ambicioso que administrar mejor: prometió una superioridad ética resumida en tres verbos —“no mentir, no robar y no traicionar”— que Claudia Sheinbaum ha mantenido como referencia de su movimiento.
Por eso lo ocurrido en Juchitán de Zaragoza resulta políticamente más incómodo que contablemente sorprendente. Su alcalde morenista, Miguel Sánchez Altamirano, fue detenido el 23 de septiembre acusado de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado; cargos que deberán resolverse ante los tribunales. Pero el expediente financiero corre por una vía distinta y bastante documentada.
La Auditoría Superior de la Federación encontró en su administración 48.97 millones de pesos pendientes por aclarar en 2022, principalmente porque no se entregaron bases de nómina, plantillas autorizadas ni comprobantes fiscales; la ASF concluyó que no hubo una gestión “eficiente y transparente”. En 2023 determinó otros 14.72 millones como probable daño a la Hacienda Pública por documentación insuficiente en contratos. Y para 2024 quedaron 41.56 millones pendientes por aclarar, de los cuales 20.77 millones fueron señalados como probable daño. La suma de los tres ejercicios supera los 105 millones de pesos. No es correcto llamarlos automáticamente dinero robado; tampoco parece razonable tratarlos como una pequeña distracción administrativa.
Y Juchitán no camina solo por esa avenida. En Acapulco, gobernado por la morenista Abelina López, la ASF reportó para la Cuenta Pública 2024 206.2 millones de pesos pendientes de aclaración, relacionados, entre otros rubros, con servicios personales, adquisiciones y obra. López ha respondido correctamente en un punto fundamental: una observación no equivale a un desfalco. Cierto. Pero la misma precisión funciona en sentido contrario: una observación por cientos de millones tampoco desaparece porque se le llame “procedimiento normal de fiscalización”. Se solventa con documentos, no con semántica.
El mapa continúa. En Tequila, Jalisco, la ASF reportó más de 151 millones de pesos sin comprobar durante la administración del morenista Diego Rivera. En Culiacán, bajo la gestión de Juan de Dios Gámez Mendívil, la Auditoría determinó un probable daño por 37.25 millones en la Cuenta Pública 2023 y concluyó que el municipio no realizó una gestión eficiente de las participaciones federales revisadas. En Múzquiz, Coahuila, auditorías estatales y federales acumularon irregularidades por 29.6 millones durante la administración de la también morenista Tania Flores.
Quizá el expediente más voluminoso sea Ecatepec. La ASF determinó en la Cuenta Pública 2024 un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 231.4 millones de pesos durante la gestión de Fernando Vilchis, quien gobernó emanado de Morena antes de incorporarse al PT. El monto representó 54.3% de la muestra auditada.
Conviene evitar la tentación partidista. La enfermedad no nació con Morena: en Cuautitlán Izcalli, por ejemplo, la administración panista de Karla Fiesco dejó 88.3 millones de pesos pendientes de aclarar del FORTAMUN 2024. La corrupción y la mala administración han demostrado ser bastante plurales.
Pero ahí reside precisamente el problema político de Morena. No prometió simplemente ser otro partido; prometió no ser como los otros. Cuando el principal argumento de legitimidad es la superioridad moral, cada factura inexistente, cada contrato incompleto y cada millón sin comprobar pesa doble: financieramente sobre el erario y políticamente sobre el discurso.
Una observación de la ASF no es una sentencia y un probable daño no convierte automáticamente a un alcalde en delincuente. Esa distinción es indispensable. Pero tampoco debería ser necesario explicar que la honestidad pública no se presume: se documenta.
Porque quizá habría que agregar un cuarto mandamiento a la liturgia política mexicana: no mentir, no robar, no traicionar… y guardar los recibos.
