Por: Felipe Correa
La paz vacía: El turismo en Sinaloa tras la fractura del mapa criminal
Durante años, la narrativa oficial sostuvo que el turismo en Sinaloa era inmune a las turbulencias del narcotráfico. Se argumentaba que la violencia pertenecía a un ecosistema aislado y ajeno a los atardeceres de Mazatlán o al dinamismo de los negocios en Culiacán. Sin embargo, los datos oficiales del propio Gobierno Federal y los reportes de las cámaras empresariales han terminado por derribar el mito: cuando la cúpula del crimen organizado se fractura, el motor turístico y económico del estado se paraliza.
Frente a los discursos optimistas que emite la secretaría local sobre la afluencia de visitantes, la realidad estadística muestra un escenario completamente distinto. De acuerdo con el Sistema de Indicadores de Sinaloa (DataTur), la ocupación hotelera anual en Mazatlán ha sufrido una caída constante y pronunciada, pasando del 67.09% registrado en 2023 a un 61.1% en 2024, para finalmente cerrar en un alarmante 58.95% en 2025. Esta brecha entre la retórica gubernamental y los cuartos de hotel vacíos expone la magnitud del impacto en el destino sol y playa por excelencia de la entidad.
La conectividad aérea también refleja el repliegue de los viajeros. Los informes mensuales del Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) confirman que la recepción de pasajeros por vía aérea cayó un 3.5% en Culiacán y un 7.3% en Mazatlán durante 2025 en comparación con el año anterior. Esto se traduce en una baja conjunta de más de 210 mil viajeros que dejaron de aterrizar en los aeropuertos sinaloenses, debilitando la llegada de turismo receptivo y de negocios.
El costo social y financiero de esta parálisis es devorador. Estimaciones de la Unión de Comerciantes de Culiacán y de las cámaras empresariales (CONCANACO SERVYTUR y COPARMEX) calculan que las pérdidas económicas acumuladas para los sectores de comercio, servicios y turismo han superado un rango de entre 18,000 y 25,000 millones de pesos desde el estallido de las hostilidades criminales. A la par, la crisis golpea el sustento de miles de familias: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) documentó la pérdida directa de casi 3,000 puestos de trabajo formales en el sector turístico y de alojamientos en la entidad.
Frente a esta hemorragia económica, las estrategias de contención oficial —centradas en campañas de consumo local y promoción del turismo carretero— parecen cuidados paliativos para una crisis estructural. Pedirle al turismo regional que llene el vacío mientras las vías de comunicación sufren episodios de inseguridad es trasladar el riesgo al ciudadano.
Sinaloa no necesita paliativos ni estadísticas edulcoradas. Lo que el sector turístico requiere con urgencia es la restitución plena del Estado de Derecho y la garantía de seguridad en sus ciudades y carreteras. Mientras la disputa territorial persista, no habrá campaña publicitaria ni incentivo fiscal capaz de devolver la confianza a quienes hoy prefieren mirar al estado solo a la distancia.
