Soberanía de ventanilla.
Por: Alejandro Flores de la Parra
En México, una academia policial puede provocar una crisis de soberanía antes de abrir sus puertas. Los cárteles, en cambio, llevan años administrando sus propias escuelas del miedo. La controversia entre Claudia Sheinbaum, Mauricio Kuri y el embajador Ronald Johnson revela algo más que un desacuerdo protocolario: una disputa por quién puede tomar la iniciativa y quedarse con el crédito en seguridad.
El reclamo presidencial perdió precisión al confrontarse con los documentos. Querétaro notificó la visita del embajador mediante una carta recibida por Cancillería siete días antes. Al acto también asistieron representantes del Ejército, la Guardia Nacional y la FGR. Eso debilita la imagen de una ceremonia completamente ajena a la Federación. Antes de exigir coordinación, convendría comprobar la propia.
Pero Kuri tampoco tiene un cheque en blanco. Notificar una visita diplomática no equivale a obtener autorización para cooperar con agencias extranjeras. La carta describía un encuentro protocolario; la presentación de la academia anunció capacitación estadounidense. Sheinbaum sostiene que ese proyecto debe pasar por Cancillería y el Grupo de Alto Nivel de Seguridad. La distinción importa: una fotografía no sustituye un permiso, pero un permiso pendiente tampoco convierte una escuela en una invasión.
El antecedente de Chihuahua exige todavía más cuidado. La controversia de abril involucró la participación no informada de agentes estadounidenses en un operativo antinarcóticos; Querétaro plantea capacitación. Confundir ambos casos favorece el espectáculo y empobrece el análisis. Comparten, sin embargo, un componente político: gobiernos panistas que buscan interlocución con Washington fuera del protagonismo presidencial.
No podemos saber qué le molesta más a la presidenta. Sí podemos observar qué impresión produce la intensidad de su reproche: pareciera que una iniciativa estatal contra el crimen activa más alarmas políticas que la penetración criminal de las instituciones. Esa percepción merece una respuesta con resultados, no solamente con explicaciones sobre competencias.
La gravedad del problema tiene cifras. Según la ENVIPE 2026, el 97.5% de las extorsiones sufridas en 2025 no se denunció o no derivó en una carpeta de investigación. El dato no mide territorio controlado por cárteles, pero retrata la distancia entre las víctimas y la justicia. Para quien vive bajo amenaza, la soberanía comienza por poder trabajar sin pagarle a un delincuente.
También debe ejercerse hacia dentro del poder. El caso de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, señalado por presuntos vínculos con La Barredora, obliga a Morena a explicar sus mecanismos de selección y vigilancia. No demuestra culpabilidad de López ni de todo el partido; sí plantea responsabilidades políticas que ninguna consigna puede cancelar.
Washington tampoco ofrece ayuda desinteresada: capacitar policías amplía su influencia sobre la seguridad mexicana. Por eso hacen falta reglas, transparencia y supervisión. Pero defender la soberanía exige, además, impedir que el crimen sustituya al Estado y que las lealtades partidistas condicionen la rendición de cuentas.
Si falta autorización, que se tramite; si existe una infracción, que se determine. Convertir cada iniciativa opositora en un agravio nacional deja una sospecha incómoda: que se vigila con más celo quién combate al crimen que quién le abre la puerta. La soberanía necesita instituciones eficaces. Con sellos de recibido no alcanza.
