• “Que ningún niño se quede sin aprender ni comer”, diputado.
Con el objetivo de fortalecer el derecho a la educación y atender también las necesidades de alimentación y cuidado de niñas, niños y adolescentes, el diputado Martín Vivanco Lira, propuso reformar la Ley de Educación del Estado para establecer un modelo de escuelas con jornadas ampliadas de hasta ocho horas en Durango.
“Para muchos padres y madres trabajadoras, sobre todo para las madres, las escuelas de tiempo completo representaban también la posibilidad de tener a sus hijos en un lugar seguro durante su jornada laboral”, señaló al realizar la ampliación de motivos.
Vivanco Lira explicó que su propuesta contempla tres acciones principales como es facultar a la Secretaría de Educación del Estado para diseñar e implementar un programa de escuelas con jornada ampliada; garantizar servicios de alimentación mediante desayunadores y comedores escolares; y establecer la obligación de prever los recursos presupuestales necesarios para que el modelo pueda operar de manera permanente.
Aclaró que la ampliación de la jornada escolar no debe entenderse únicamente como un mayor número de horas dentro de las aulas, sino como una estrategia integral que permita fortalecer el aprendizaje y, al mismo tiempo, atender necesidades de alimentación y cuidado que enfrentan muchas familias.
“No lo veamos como un gasto, es una inversión y es la inversión más importante que podemos hacer, porque es el futuro de nuestro estado”, expresó el legislador al destacar la importancia de garantizar recursos suficientes para que el programa pueda consolidarse progresivamente.
Recordó que en Durango el modelo de escuelas de tiempo completo llegó a tener una presencia significativa. De acuerdo con información que citó durante su intervención, en 2007 existían 22 escuelas bajo este esquema, mientras que para 2019 se contabilizaban alrededor de mil planteles, modelo que, sostuvo, permitió ampliar la jornada escolar y ofrecer servicios de alimentación y cuidado.
El legislador consideró que, ante los cambios que ha experimentado el sistema educativo nacional, los estados deben fortalecer sus propias capacidades para garantizar el derecho a la educación, particularmente en aspectos como la permanencia escolar, el aprendizaje, la alimentación y el cuidado.
Reconoció que la propuesta representa un impacto presupuestal y planteó que éste sea analizado de manera responsable durante el proceso legislativo, incluida la discusión correspondiente en la Comisión de Hacienda, con la posibilidad de establecer una implementación gradual conforme a la disponibilidad presupuestaria.
