SNTE: la autonomía, según los que se quedan.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
La dirigencia del SNTE decidió proteger al sindicato de las elecciones prolongando la permanencia de sus dirigentes. Una fórmula admirable: para evitar que los partidos disputen el poder, se impide que las bases lo redistribuyan. El Consejo Nacional aprobó el 1 de octubre aplazar las renovaciones seccionales, cuyos procesos comenzarán a partir del 8 de junio de 2027. La autonomía quedó a salvo; los cargos, también.
El argumento merece escrutinio. Si las contiendas partidistas amenazan la vida sindical, corresponde impedir el uso electoral de recursos, estructuras y representaciones gremiales. Posponer la elección de los trabajadores no elimina esa amenaza: conserva durante la campaña a quienes ya administran esos instrumentos. El aplazamiento congela la competencia interna, pero deja intacta la capacidad de operación política.
Su alcance es nacional. Entre las secciones con mandatos que concluyen en 2026 están las 8 y 42 de Chihuahua; 13 y 45 de Guanajuato; 15 de Hidalgo; 16 y 47 de Jalisco; 14 de Guerrero; 50 de Nuevo León; 5 y 38 de Coahuila; 35 de La Laguna y 30 de Tamaulipas. En Durango, el periodo de la Sección 12 termina el 9 de octubre y el de la 44, el día 10. No se aplaza un trámite: se retrasa la posibilidad de evaluar y sustituir representaciones.
Jurídicamente, el problema es sustantivo. El Estatuto establece periodos seccionales de cuatro años y la legislación burocrática federal garantiza elecciones mediante voto personal, libre, directo y secreto. La continuidad administrativa hasta el relevo, prevista en la convocatoria de la Sección 12, no equivale por sí misma a una autorización para diferirlo discrecionalmente. La dirigencia debe acreditar qué facultad permite el aplazamiento y cómo resulta compatible con los derechos de sus representados. La autonomía sindical no convierte a sus órganos de gobierno en autoridades por encima de sus propias reglas.
La sospecha política tiene fundamentos visibles. Alfonso Cepeda Salas dirige el SNTE, es senador de Morena y presumió en enero que aproximadamente 1.25 millones de agremiados se habían afiliado al partido. Resulta difícil presentar como amenaza externa una vida partidista que el propio dirigente promueve. El riesgo de subordinación no comienza cuando una planilla disidente busca votos; también aparece cuando la representación sindical se ofrece como capital político.
La hipótesis más directa es que conservar interlocutores seccionales conocidos facilita mantener cohesionada una estructura territorial durante la elección de las 500 diputaciones federales. Renovarla introduciría liderazgos nuevos, compromisos distintos y eventuales resistencias. Desde esa lógica, el aplazamiento podría servir para asegurar capacidad de movilización y negociar candidaturas, posiciones o influencia con Morena. No demuestra un pacto; sí permite preguntar quién gana poder de negociación cuando los trabajadores pierden oportunidad de decidir.
Coahuila vuelve esa pregunta especialmente pertinente. Tras el triunfo de PRI y UDC en los 16 distritos locales de 2026, una red magisterial organizada tendría valor para Morena. Las versiones sobre una eventual candidatura de Cepeda a gobernador en 2029 permiten plantear una posible transacción: respaldo territorial a cambio de apoyo a su proyecto personal. Es una hipótesis, no un acuerdo acreditado; corresponde exigir transparencia precisamente para despejarla.
Hacia las bases, el costo es inmediato: se promete democracia, pero se entrega permanencia. Eso erosiona confianza, debilita legitimidad y alimenta la percepción de que el voto importa mientras no incomode a la cúpula. Publicar el acta, la votación, el fundamento y un calendario vinculante, con garantías para activos y jubilados, constituye una obligación política elemental.
Un sindicato pierde autonomía cuando sus tiempos empiezan a servir a las aspiraciones de sus dirigentes. Y pierde autoridad cuando pide a los trabajadores paciencia para concederse a sí mismo poder.
