POR: LILY ORTIZ
¿Con la nueva Ley Catastral, pagaremos más de predial?
La actualización catastral abre dos interrogantes: cuánto podrían pagar más los ciudadanos y qué tanto control conservarán los ayuntamientos sobre sus ingresos.
La Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral ha puesto sobre la mesa una discusión que va más allá de modernizar registros: ¿podría traducirse en un aumento del predial y debilitar la autonomía de los municipios?
El argumento oficial es ordenar catastros, homologar información y combatir irregularidades en la propiedad. Sin embargo, legisladores de oposición han advertido que actualizar los valores catastrales podría elevar considerablemente el impuesto. En Durango, incluso han señalado posibles incrementos de hasta cinco veces, bajo determinados escenarios.
Hay que precisar que la reforma no establece que todos los ciudadanos pagarán cinco veces más ni implica, por sí misma, un aumento generalizado de las tasas. Pero si la actualización de los valores modifica la base sobre la que se calcula el impuesto, algunos contribuyentes sí podrían enfrentar recibos más elevados. Y esa posibilidad exige respuestas claras, no solamente promesas de modernización.
En Durango, donde legisladores opositores sostienen que el predial es bajo en comparación con otras ciudades del país, el debate es especialmente relevante: ¿se busca corregir rezagos catastrales o se abrirá la puerta a una mayor carga para las familias?
El otro punto es la autonomía municipal. El predial constituye una fuente importante de ingresos propios para los ayuntamientos y su recaudación también tiene implicaciones en la distribución de participaciones. Por eso, cualquier cambio en las reglas catastrales debe analizarse no solo por lo que podría costar al contribuyente, sino por sus efectos en las finanzas municipales.
La reforma no establece que la Federación vaya a cobrar directamente el predial. No obstante, empresarios y críticos advierten que una mayor coordinación federal y futuras modificaciones fiscales podrían cambiar el equilibrio actual. Es una posibilidad que no debe darse por hecha, pero tampoco descartarse sin una explicación puntual sobre los límites de la intervención federal.
La pregunta de fondo es si los municipios conservarán una capacidad efectiva para decidir sobre sus catastros y sus ingresos, o si la armonización terminará reduciendo su margen de decisión.
Modernizar los registros y mejorar la recaudación pueden ser objetivos legítimos. Lo que no puede quedar en segundo plano es cuánto costará esa transformación a los ciudadanos y qué garantías tendrán los ayuntamientos para conservar sus atribuciones.
Porque una cosa es muy cierta el pago del el predial sale del bolsillo de las familias, de su trabajo y esfuerzo, con el fin de que con esa contribución se puedan fortalecerlas finanzas municipales y dar respuestas a por lo menos las necesidades más básicas del ciudadano, por tanto cualquier reforma que toque ambos aspectos debe ofrecer certeza, desde el cuánto se pagará, quién lo decidirá y hasta dónde se involucra la federación.
