MÉXICO: EL PAÍS DONDE EL CRIMEN TAMBIÉN COBRA IMPUESTOS.
La extorsión y el costo de una inseguridad que no siempre se refleja en las cifras de homicidios.
LA PALABRA DEL GIOCONDO | 5 de noviembre de 2026.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
El comerciante que abre cada mañana su negocio ya debe cubrir renta, nómina, servicios e impuestos. En algunas regiones de México enfrenta, además, una exigencia clandestina: pagar para que lo dejen trabajar. No es un impuesto, porque carece de legalidad; es extorsión. Pero su efecto sobre la economía familiar y productiva puede ser devastador.
La discusión sobre seguridad suele concentrarse en los homicidios. Y hay avances que merecen reconocerse: según México Evalúa, la tasa nacional de homicidio doloso disminuyó 31.3% entre enero y septiembre de 2025 y el mismo periodo de 2026. El problema es que reducir la violencia letal no significa, automáticamente, recuperar la libertad frente a las amenazas.
El más reciente análisis de México Evalúa, publicado esta semana con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, registró 8,551 víctimas de extorsión entre enero y septiembre de 2026. Su tasa fue 65% superior a la de igual periodo de 2015, aunque presentó una ligera disminución frente a 2025. La fotografía es precisa: no todo empeora, pero el problema permanece arraigado.
El mapa resulta todavía más revelador. Tres regiones vinculadas con la industria, el comercio y las cadenas de exportación concentran aproximadamente 85% de las víctimas registradas. Apenas 42 municipios reúnen la mitad de ellas. Cuando el delito se instala en los corredores productivos, la amenaza deja de ser un asunto exclusivamente policiaco: puede desalentar inversiones, encarecer operaciones y erosionar empleos.
Hay otro dato que obliga a leer las cifras con cautela. La ENVIPE 2026 del INEGI calculó que, durante 2025, el 97.5% de las extorsiones no se denunció o no llegó a una carpeta de investigación. También estimó pérdidas monetarias por casi 32 mil millones de pesos asociadas a este delito. No toda extorsión es cobro de piso; también existen llamadas, engaños y otras formas de intimidación. Pero, en cualquiera de sus modalidades, el silencio estadístico forma parte del desafío.
El Gobierno Federal no ha permanecido inmóvil. Puso en marcha una estrategia específica y, hasta septiembre de 2026, informó de 2,170 detenidos relacionados con la extorsión. Además, desde noviembre de 2025 existe una ley general que establece mecanismos de investigación y coordinación. Son decisiones relevantes. Sin embargo, la prueba decisiva no será cuántas detenciones se anuncien, sino cuántas víctimas dejen de pagar, cuántas denuncias se investiguen y cuántos responsables reciban sentencia.
Durango también debe observar el fenómeno sin alarmismo ni complacencia. Durante el primer semestre de 2026 se registraron 16 casos de extorsión por otros medios, según datos oficiales. La cifra no autoriza a equiparar su situación con la de los principales focos nacionales, pero tampoco a suponer que las denuncias agotan la realidad.
El poder del crimen no se mide únicamente por su capacidad de matar; también por su capacidad de imponer reglas. Mientras alguien tenga que pagar para abrir un negocio, transportar mercancía o sostener su actividad productiva, habrá una parte de la economía sometida al miedo.
Porque la verdadera seguridad no consiste solamente en contar menos muertos, sino en garantizar que ningún ciudadano tenga que pedirle permiso al delincuente para vivir y trabajar.
