México: donde hasta la sed tiene dueño.
El agua es un derecho constitucional, pero su aprovechamiento sigue concentrado. La verdadera disputa no es solamente por el recurso, sino por el poder de administrarlo.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
6 de noviembre de 2026.
En México existe una paradoja difícil de justificar: mientras millones de personas enfrentan dificultades para recibir agua todos los días, unos cuantos usuarios concentran concesiones para extraer volúmenes extraordinarios. El problema no es solamente de escasez. También es de distribución, vigilancia y decisiones políticas.
Una investigación de Wilfrido Gómez-Arias y Andrea Moctezuma, publicada en 2020, identificó a 3,304 grandes usuarios privados que concentraban el 22.3% del volumen de agua concesionado para usos consuntivos. Empresas, particulares y asociaciones integraban este reducido grupo. La concentración no constituye, por sí misma, una ilegalidad, pero plantea una pregunta inevitable: ¿bajo qué criterios se distribuye un recurso indispensable para la vida?
La preocupación sigue vigente. En julio de 2026, investigadores de la Universidad Iberoamericana identificaron 1,524 municipios con condiciones de riesgo de acaparamiento, de los cuales 120 presentaban niveles muy altos. No se trata de una acusación generalizada contra los concesionarios, sino de evidencia que obliga a revisar la transparencia y supervisión del sistema.
El contraste social resulta revelador. Según el INEGI, en 2024 apenas el 53.4% de la población mexicana contaba con suministro diario de agua dentro de su vivienda. Mientras tanto, la agricultura concentraba el 76.3% del volumen concesionado en 2022, de acuerdo con cifras oficiales. Este último dato tampoco debe interpretarse como un abuso: producir alimentos requiere agua. El desafío consiste en utilizarla eficientemente sin comprometer el abastecimiento humano.
Durango conoce bien esta realidad. Una iniciativa presentada ante el Congreso estatal en mayo de 2026 advirtió sobre la sobreexplotación de al menos cinco de sus 30 acuíferos, con afectaciones particularmente sensibles en el Valle del Guadiana y la Comarca Lagunera. Aquí, la seguridad hídrica también representa una condición para sostener la producción agrícola, la inversión y el desarrollo regional.
La administración de Claudia Sheinbaum impulsó una nueva Ley General de Aguas, vigente desde diciembre de 2025, y un Programa Nacional Hídrico 2026-2030 orientado a ordenar concesiones, mejorar el aprovechamiento y garantizar el derecho humano al agua. Son instrumentos relevantes, aunque su eficacia deberá medirse en resultados verificables, no únicamente en disposiciones legales.
Tampoco sería objetivo atribuir esta problemática exclusivamente al gobierno actual. El régimen de concesiones tiene raíces profundas y responsabilidades acumuladas durante distintas administraciones. Corregir sus deficiencias exige registros transparentes, medición efectiva de extracciones, inspecciones confiables e inversiones sostenidas en infraestructura.
La discusión tampoco debería enfrentar artificialmente a ciudadanos y productores. Ambos necesitan certidumbre. La autoridad debe garantizar que el aprovechamiento económico sea compatible con el equilibrio ambiental y las necesidades de las comunidades.
Porque, al final, la verdadera medida del poder público no está en cuánta agua puede concesionar, sino en cuánta puede garantizar sin comprometer el futuro.
Y mientras ese equilibrio no exista, en México seguirá siendo más sencillo identificar a quienes tienen derecho a extraer millones de litros que asegurar que cada familia pueda abrir la llave y encontrar agua.
