El salario mínimo general, el de la frontera norte y los profesionales, tendrán un incremento de 15 por ciento para 2021, pese al voto en contra del sector privado.
El aumento se aprobó ayer en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), sólo con los votos del Gobierno y el sector obrero.
El mínimo general pasará de 123.22 a 141.70 pesos diarios. El de la frontera norte aumentará de 185.56 a 213.39 pesos diarios.
El sector empresarial votó en contra de la resolución tomada en la Conasami, ya que, en principio, el Gobierno había propuesto un alza del 6 por ciento para la frontera norte y 15 por ciento para el mínimo general.
Sin embargo, después cambió la postura y decidió que fuera 15 por ciento para los salarios mínimos de todo el País.
Entre los cambios, se crearon dos nuevos salarios mínimos profesionales: el de las trabajadoras del hogar, con 154.03 pesos diarios, y el de los jornaleros agrícolas, con 160.19 pesos diarios.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que este incremento «irracional» al salario mínimo provocará el cierre de al menos 700 mil empresas en los próximos tres meses.
«La meta de la nueva cultura salarial no ha perdido vigencia, pero ante la severa crisis actual exigimos prudencia. No se debe sucumbir ante ánimos populistas contrarios a la realidad económica.
«El resultado podría ser la pérdida de más empleos», alertó en un comunicado.
El Gobierno, aseguró, se ha mostrado «insensible» ante las afectaciones económicas por Covid-19.
«Sin consensos entre los sectores, y con la irracionalidad en la conducción económica, no se puede recuperar el crecimiento y el desarrollo con bienestar», subrayó.
La Conasami emitió un documento donde señala que con el incremento México remonta ocho posiciones a nivel internacional en cuanto al salario mínimo, colocándose en el lugar 76 de 135 países.
Aunque el sector privado indicó que es la primera vez que los empresarios votan en contra del incremento, la Secretaría del Trabajo aseguró que al menos seis veces se ha dado la aprobación por mayoría y no por unanimidad. En 1998, 1999 y 2000, el sector obrero votó en contra, y en 2001, 2002 y 2012, el sector patronal votó en contra.
