El voto no viene incluido en el presupuesto.
Programas sociales, recortes al INE y la disputa por el dinero público rumbo a las elecciones de 2027.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
Existe una frontera que ningún gobierno debería cruzar: convertir un derecho social en una obligación electoral. Las declaraciones de Daniela Soto, diputada local y presidenta del PRI en Durango, reabren una discusión que trasciende partidos: ¿dónde termina la política social y comienza el aprovechamiento político de la necesidad?
Soto acusa a los servidores de la nación de presionar y movilizar beneficiarios para favorecer a Morena. El señalamiento es grave, pero exige una distinción fundamental: una denuncia política no equivale a una irregularidad comprobada. Para acreditarla se necesitan pruebas, investigaciones y responsabilidades individualizadas. Desestimarla sin investigar sería tan irresponsable como darla por demostrada.
La legislación mexicana es clara. El artículo 11 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales sanciona el uso de programas sociales para influir electoralmente. Porque las pensiones, becas y apoyos públicos no son concesiones partidistas: son derechos y políticas financiados con recursos de todos los mexicanos.
El segundo frente de la controversia es presupuestal. La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 por 10.64 billones de pesos, con 352 votos a favor y 130 en contra, incluidos los del PRI. El gasto aumentará 1.3% en términos reales respecto de 2026.
La crítica de Soto sobre infraestructura, salud, campo y desarrollo de las mujeres merece un análisis más profundo. El presupuesto contempla más de 1.13 billones de pesos en inversión pública y el gobierno federal defiende incrementos para diversos sectores. Sin embargo, asignar recursos no garantiza resultados. La verdadera discusión consiste en determinar si alcanzan, cómo se distribuyen territorialmente y qué beneficios concretos producirán.
Donde la controversia adquiere especial relevancia institucional es en el INE. El organismo recibió un recorte de 6 mil millones de pesos respecto de la propuesta inicial, aproximadamente 14.2%, precisamente antes de las elecciones de 2027.
La presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que los comicios están presupuestalmente garantizados. Incluso el consejero electoral Martín Faz considera asegurada su organización, aunque advierte posibles afectaciones a proyectos de educación cívica y otras funciones institucionales. Ambas afirmaciones obligan a evaluar el ajuste con criterios técnicos y no solamente políticos.
Pero el PRI enfrenta también una exigencia de congruencia. Su propia historia incluye cuestionamientos sobre clientelismo y utilización política de estructuras gubernamentales. Y en Durango, donde gobierna el tricolor, la obligación de mantener separados los programas públicos y los intereses partidistas debe aplicarse exactamente con el mismo rigor.
De cara a 2027, el desafío no consiste en decidir qué partido administra mejor la narrativa, sino quién puede demostrar que respeta las reglas. Morena debe garantizar neutralidad y transparencia; el PRI, sustentar sus acusaciones y ejercer una oposición responsable.
Porque el verdadero problema no es que un gobierno distribuya apoyos sociales, sino que alguien pretenda cobrar esos derechos en las urnas. Y una democracia comienza a debilitarse cuando sus instituciones se convierten en instrumentos de disputa, en lugar de garantías para todos.
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