El poder no transforma necesariamente a las personas: también las revela
El poder constituye uno de los fenómenos más complejos de las relaciones sociales. No puede entenderse únicamente como la capacidad de mandar, imponer decisiones o ejercer autoridad sobre otros; también representa una posición dentro de una estructura de relaciones que otorga privilegios, recursos, reconocimiento y capacidad de influencia. Cuando una persona accede a una posición de poder, no solamente cambia su lugar dentro de la organización social: también cambian las condiciones en las que se relaciona con los demás. Por ello, cabe preguntarse si el poder transforma el carácter de las personas o si, en determinadas circunstancias, simplemente hace visibles aspectos de su personalidad que antes permanecían contenidos.
Platón, a través del mito del anillo de Giges, planteó una interrogante que conserva una enorme vigencia: ¿qué haría una persona si tuviera la posibilidad de actuar sin ser observada y sin enfrentar consecuencias? Esta reflexión permite comprender que el comportamiento humano no depende exclusivamente de los valores que se profesan, sino también de los mecanismos de vigilancia, las sanciones sociales y los límites institucionales. En ese sentido, el poder puede convertirse en una especie de escenario donde se pone a prueba la congruencia entre las convicciones personales y las acciones. No necesariamente crea nuevas ambiciones, pero puede ofrecer las condiciones para que algunas de ellas se manifiesten sin las restricciones que anteriormente las contenían.
Desde otra perspectiva, Lord Acton advirtió sobre los riesgos de la concentración del poder y su capacidad para corromper. Sin embargo, reducir este fenómeno a la corrupción individual sería insuficiente. También debemos observar las estructuras que permiten, toleran o incentivan determinados comportamientos. La ausencia de contrapesos, la impunidad, la subordinación de los mecanismos de control y las relaciones basadas en lealtades personales pueden favorecer que quienes ejercen autoridad confundan su posición institucional con un atributo de superioridad personal. Así, el problema no radica exclusivamente en quién ocupa el poder, sino también en las condiciones que hacen posible su ejercicio sin responsabilidad.
Esta reflexión encuentra un terreno particularmente relevante en la política mexicana contemporánea. En distintos espacios de la vida pública se observa una contradicción entre el discurso y la práctica: se proclama cercanía con la ciudadanía, austeridad, vocación de servicio, transparencia y compromiso institucional, mientras que determinadas conductas pueden reproducir prácticas de exclusión, concentración de decisiones, intolerancia a la crítica, utilización discrecional de los recursos públicos o subordinación de los intereses colectivos a los personales. No se trata de atribuir estas conductas a una corriente política en particular, sino de reconocer que constituyen riesgos inherentes al ejercicio del poder y que pueden reproducirse en distintos niveles y orientaciones de la administración pública. El discurso con el que se llega al poder no garantiza, por sí mismo, la forma en que se ejercerá.
Uno de los riesgos más significativos aparece cuando el ejercicio de la autoridad deja de entenderse como una responsabilidad temporal y comienza a percibirse como una extensión de la identidad personal. Esto sucede cuando el funcionario confunde el reconocimiento que merece la institución con la admiración que espera recibir individualmente; cuando interpreta la crítica como una afrenta personal; cuando considera la lealtad como un requisito superior a la capacidad profesional, o cuando supone que acceder a un cargo le concede una posición de superioridad frente a quienes debe servir. En estos escenarios, el servicio público corre el riesgo de convertirse en un instrumento de afirmación personal y no en un medio para atender necesidades colectivas.
Este fenómeno tiene consecuencias que trascienden a quienes ejercen el poder: incide directamente en la credibilidad de las instituciones públicas. Cuando la ciudadanía observa que los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas se subordinan a intereses particulares, se debilita la confianza no solamente en las personas responsables de determinadas decisiones, sino también en las organizaciones que representan. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025 del INEGI reportó que ocho de cada diez personas consideraron frecuentes los actos de corrupción. Por su parte, la OCDE identificó en su encuesta de 2023 que solamente el 33 % de las personas en México manifestaba confianza alta o moderadamente alta en los partidos políticos. Aunque son indicadores distintos y no permiten atribuir toda la desconfianza a una sola causa, muestran la relevancia del problema.
La crisis de credibilidad institucional, por tanto, no se explica exclusivamente por la ineficiencia administrativa, la corrupción o los resultados de gobierno; también está relacionada con la distancia entre los valores que las instituciones proclaman y las prácticas de quienes las conducen. Una institución puede contar con normas, procedimientos y estructuras formalmente adecuadas, pero su legitimidad se deteriora cuando sus integrantes actúan de manera incongruente con los principios que están obligados a observar. La ciudadanía no evalúa únicamente lo que las instituciones dicen ser, sino lo que experimenta a través de sus decisiones y comportamientos. Por ello, recuperar la confianza exige mucho más que discursos: requiere congruencia, controles efectivos, profesionalismo y responsabilidad.
En última instancia, el poder no debería medirse por la capacidad de una persona para conseguir obediencia, acumular privilegios o imponer su voluntad, sino por la manera en que responde a la responsabilidad que le ha sido conferida. Quizá el verdadero carácter de quien ejerce autoridad no se conoce cuando necesita convencer a los demás de sus virtudes, sino cuando tiene la posibilidad de actuar sin vigilancia, cuando recibe una crítica, cuando debe tomar una decisión que afecta a otros o cuando tiene frente a sí a alguien de quien no necesita obtener ningún beneficio. Porque el poder puede cambiar las circunstancias de una persona, pero es en la forma de ejercerlo donde se manifiestan sus convicciones, sus límites y su sentido de responsabilidad. Al final, no basta con preguntarnos quién tiene el poder; también debemos preguntarnos qué hace con él y en quién se convierte cuando lo obtiene.
Jacquelinne Adrianna Varona González