El Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango, Inevap, y la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango, firmaron convenio de colaboración, con la finalidad de coadyuvar en el cumplimiento de obligaciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de declaraciones patrimoniales y de intereses, a través del uso del sistema electrónico de recepción de declaraciones de situación patrimonial y de intereses.
El encuentro fue encabezado por la Secretaria de Contraloría del Estado de Durango (SECOED), Raquel Leila Arreola Fallad y el Consejero Presidente del Inevap, Juan Gamboa García, así como los consejeros Isaura Leticia Martos González y Emiliano Hernández Camargo. Además, participaron en la firma del convenio Carlos Gerardo Suárez Zuno, Subsecretario Jurídico de la Secretaría y Maricela García Ávila, Titular del Órgano Interno de Control del Inevap.
Presenciaron la signa funcionarios de la SECOED, Víctor Joel Martínez Martínez, Subsecretario de Fiscalización y Jesús Alberto Ibarra Valenzuela, Director de Situación Patrimonial y de Intereses; por el Inevap Fátima Citlali Cisneros Güereca, Coordinadora de Vinculación.
En su intervención, la Secretaria de Contraloría, puntualizó que para esta dependencia es altamente significativo el interés que se manifiesta por el Inevap para dar cumplimiento a la Ley en la materia; es por ese motivo que le otorgará el uso del sistema electrónico de recepción de declaraciones de situación patrimonial y de intereses, siempre reconociendo su autonomía y facultades que le otorga la Constitución Estatal.
Por su parte, Juan Gamboa precisó que la transparencia es muy importante en la construcción de una sociedad democrática porque fomentan el progreso institucional, añadió que este acto refrenda el compromiso de los servidores públicos del Inevap en dar cumplimiento a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La Secretaria y los Consejeros del Inevap, coincidieron que este acto sienta un precedente en el Estado al ser el primer convenio de colaboración signado con un Organismo Constitucional Autónomo.
