En lo que va de la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos 56 activistas han sido asesinados en México.
De acuerdo con la organización Frontline Defenders, en 2019 fueron asesinados 24 defensores de derechos humanos y en 2020 otros 20; mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contabiliza, en lo que va de este año, 12 activistas más ultimados.
Sin embargo, la cifra del 2021 podría ser mayor, ya que al cotejar los reportes sobre activistas asesinados generados por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la organización Derechos de los Pueblo Indígenas Internacional (IPRI), se obtiene una lista de 19 víctimas.
Los crímenes de este año se cometieron en Michoacán, Chiapas, Guerrero, Sonora, Oaxaca y Colima, entre otros estados.
«Hoy en día México es uno de los países más letales para la defensa de los derechos humanos, de acuerdo con nuestras cifras de 2020», indicó Sandra Patargo, representante en México de Frontline Defenders.
«Esto es muy alarmante y al mismo tiempo no hay señales que las cosas vayan a mejorar este año».
Agregó que Frontline Defenders tiene conocimiento de un caso en Jalisco que no ha sido denunciado, ni a las autoridades ni públicamente, ya que al hacerlo se ponía en riesgo a otros defensores que trabajaban con la víctima.
Mientras que la ONU-DH dio cuenta de otro caso distinto, que por los mismos motivos tampoco ha sido denunciado formalmente.
Explicó que las amenazas vienen del crimen organizado, pero que no se puede descartar la complicidad de autoridades.
Además hay casos de activistas desaparecidos, como sucedió en Oaxaca con Claudia Uruchurtu Cruz, quien fue privada de su libertad el 26 de marzo cerca del Palacio Municipal de Asunción Nochixtlán y después de ello no se ha vuelto saber nada de ella.
Los al menos 56 activistas asesinados en este sexenio eran defensores de diferentes agendas, como el medioambiente, el territorio, los derechos humanos, los pueblos indígenas o de la comunidad LGBTI+.
En su informe sobre agresiones a defensores en los años 2019-2020, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) documentó que los agresores suelen ser principalmente agentes del Estado, empresas o el crimen organizado, estos muchas veces en colusión con las autoridades.
Sandra Patargo, de Frontline Defenders, destacó que desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, que encabeza Alejandro Encinas, hay un esfuerzo importante por atender la situación de riesgo de los activistas.
«Pero no puede echársele toda la responsabilidad al Mecanismo de Protección y a la Subsecretaría de Derechos Humanos, tiene que ser un esfuerzo de todos, empezando por la Presidencia», acotó.
