POR: LILY ORTIZ
Revocación de mandato: el freno a una ventaja anticipada
En medio del ruido político que generó la aprobación del llamado “Plan B” electoral, hubo un punto que, aunque no acaparó todos los reflectores, terminó siendo el más revelador; se trata de la revocación de mandato, misma que no se adelantará a 2027; de queda en 2028. Y esa decisión dice más de la política actual que muchos de los artículos aprobados.
El debate no fue menor, desde el oficialismo se empujaba la idea de empatar la revocación con la elección intermedia, bajo el argumento de fortalecer la participación ciudadana y consolidar este mecanismo como una herramienta viva de control democrático. En teoría, sonaba coherente: aprovechar la jornada electoral para incentivar la participación.
Pero en la práctica, el trasfondo era otro.
Llevar la revocación a 2027 abría la puerta a un escenario políticamente conveniente para Morena: colocar, de facto, a la figura presidencial en el centro de la elección. No en la boleta como candidata, pero sí como eje de movilización; la presidenta Claudia Sheinbaum habría estado presente en la narrativa, en la promoción, en la discusión pública, generando un efecto de arrastre que podría beneficiar directamente a sus candidatos.
Una campaña paralela, con todas las ventajas que implica el poder en turno.
Ese cálculo no pasó; y no solo por la oposición, resulta significativo que dentro del propio bloque aliado, el Partido del Trabajo haya marcado distancia, impidiendo que la propuesta avanzara. No fue un rechazo frontal al mecanismo, sino al momento.
El resultado redefine el tablero.
Sin revocación en 2027, Morena y sus aliados tendrán que enfrentar la elección intermedia sin ese impulso adicional. Será una contienda más tradicional, donde el peso recaerá en los candidatos, en los gobiernos locales y en el balance de gestión, no en la figura presidencial como catalizador directo del voto.
Al mismo tiempo, la revocación de mandato se mantiene como un instrumento vigente, pero pospuesto a 2028, en un contexto político distinto, ya sin la coincidencia con una elección federal. Eso reduce su potencial como herramienta de movilización electoral y la acerca más al menos en el discurso a su esencia original: la evaluación ciudadana del mandato.
Lo ocurrido deja varias lecturas; primero, que incluso dentro del oficialismo hay límites cuando las decisiones implican ventajas demasiado evidentes. Segundo, que la oposición, aunque debilitada, aún puede influir cuando encuentra fisuras en el bloque mayoritario. Y tercero, que la revocación de mandato sigue siendo un terreno de disputa más político que democrático.
Porque la pregunta de fondo permanece: ¿es un mecanismo de rendición de cuentas o una herramienta que puede adaptarse al calendario electoral según convenga?
Por ahora, la respuesta no está en lo que se aprobó, sino en lo que se evitó aprobar.
