“Si esto le hacen a la presidenta…”: el espejo que México evita mirar.
Por Alejandro Flores de la Parra.
Hay momentos en que la realidad política y la violencia cotidiana se cruzan con tanta ironía que parecería que el país vive en una tragicomedia escrita por Carlos Cuauhtémoc Sánchez y dirigida por Netflix. Este miércoles, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anunció que interpuso una denuncia contra el hombre que la acosó en plena calle, frente a decenas de cámaras, curiosos y escoltas que no sabían si intervenir o grabar. “Decidí levantar denuncia porque esto lo viví como mujer, pero lo vivimos todas las mujeres en nuestro país”, declaró. Y agregó, con un tono tan sereno como lapidario: “Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las otras mujeres en el país?”.
Buena pregunta, aunque la respuesta no es nueva: pasa lo que lleva pasando siempre. Pero al menos, ahora, pasó frente a todos.
La presidenta y el país del “no pasa nada”.
Sheinbaum caminaba por el Centro Histórico —según dijo, porque “era más corto y se nos había hecho tarde”— cuando un hombre alcoholizado se le acercó, la tocó e intentó besarla sin su consentimiento. El episodio fue tan breve como simbólico: la presidenta que decidió caminar entre el pueblo, víctima del pueblo que aún no entiende los límites entre cercanía y abuso.
Su decisión de denunciar fue correcta, incluso valiente, pero también profundamente política. No solo porque se trata de la primera presidenta de México usando su propia experiencia como ejemplo público, sino porque coloca al acoso sexual callejero en el centro de una agenda que suele quedarse en discursos de campaña o días internacionales.
El gesto, sin embargo, expone una contradicción de fondo: la mandataria que presume de caminar sin escolta, que renunció al Estado Mayor Presidencial “porque somos diferentes”, tuvo que reconocer, ante millones, que ni ella está a salvo. En el país del “no pasa nada”, todo pasa… hasta que le pasa a la presidenta.
El delito que existe solo donde conviene.
En la Ciudad de México, el acoso sexual callejero está tipificado como delito y puede castigarse con hasta cuatro años de prisión, además de multas y órdenes de restricción. Es decir, tocar, manosear, exhibirse o insinuarse de forma indebida ya no es un “piropo pasado de tono”, sino un asunto penal.
Pero más allá de la capital, el panorama se disuelve en la ambigüedad legal. De acuerdo con un recuento de medios nacionales, menos de 20 estados han incorporado el acoso callejero a sus códigos penales, y en algunos casos apenas como “faltas administrativas”. En entidades como Guerrero, el delito fue tipificado apenas en julio de 2024, con penas de tres a ocho años de prisión. En otras —como Aguascalientes o Chihuahua— las conductas siguen difusas: el acoso existe si se demuestra “ánimo lascivo”, una joya jurídica que podría volver inocente hasta al Marqués de Sade..
Sheinbaum, acompañada por la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, anunció que revisará en qué entidades el acoso callejero aún no es delito para “equiparar la legislación con la capital”. Un propósito noble, aunque conviene recordar que revisar no es lo mismo que reformar. En México, entre el diagnóstico y la acción suele haber una comisión, un video y una promesa.
Los números que incomodan (y que la ONU ya notó).
El INEGI estima que el 15.5 % de las mujeres mexicanas han sufrido acoso sexual, manoseo, exhibicionismo o intento de violación, cifra cinco veces mayor que la de los hombres (3.2 %), según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de 2024. En otras palabras: una de cada seis mujeres ha vivido una forma de agresión sexual en espacios públicos.
El problema es estructural. Las mismas cifras revelan que el 13 % de la población adulta reportó haber sido víctima de intimidación sexual en el último semestre de 2024. Y si eso no fuera suficiente, el 41.8 % de las mujeres mayores de 15 años declaró haber sufrido algún tipo de violencia antes de cumplir los quince. Sí, antes de saber siquiera lo que significa “violencia”.
La ONU Mujeres condenó el episodio y lanzó un llamado a “no normalizar ni minimizar” la violencia contra las mujeres en México. Y tiene razón: el país donde cada día son asesinadas en promedio diez mujeres no puede seguir fingiendo que el acoso es un “malentendido”. Pero la condena internacional deja un sabor amargo: ¿de verdad tuvo que ser la presidenta la víctima para que el mundo volteara a mirar?
Del gesto político al espejo colectivo.
La denuncia de Sheinbaum es más que un acto legal; es un golpe simbólico. Una presidenta que se sabe figura pública y víctima a la vez. Pero el riesgo de convertir el episodio en bandera es que el mensaje se diluya en el protagonismo. Que la causa —legítima y urgente— se reduzca a una narrativa de empatía momentánea y hashtags de fin de semana.
Lo que sí logró fue mostrar el enorme contraste entre la retórica de la “cercanía con el pueblo” y la precariedad de la seguridad, incluso para quien ostenta el cargo más alto del país. Sheinbaum insiste en que no cambiará su estilo: “No podemos estar lejos de la gente, eso sería negar de dónde venimos”. Pero hay una línea fina entre la sencillez y la ingenuidad. La cercanía no debería ser un riesgo, y la espontaneidad, menos un delito.
Renunciar al Estado Mayor Presidencial fue un gesto simbólico de austeridad, pero también un acto de fe en un entorno que no siempre devuelve favores. En el México de hoy, la idea de que un presidente —o presidenta— puede caminar entre la multitud sin consecuencias es más romántica que realista. No porque el pueblo sea violento, sino porque la violencia ya es parte del paisaje.
La doble moral de la prensa y la revictimización.
En su conferencia, Sheinbaum condenó también el uso mediático de las imágenes del momento. Y tiene razón: la repetición del video, las capturas de pantalla, los titulares amarillistas y las columnas de “opinión” convertidas en foros de misoginia mediática revictimizaron a la presidenta más que el agresor mismo.
Paradójicamente, la prensa que suele reclamar respeto al poder terminó mostrando que tampoco entiende los límites de la privacidad, ni siquiera cuando se trata de la mujer más visible del país. En el México del clic fácil, la ética periodística cotiza más bajo que el peso frente al dólar.
Un país que camina sin ley (y sin distancia).
El caso Sheinbaum es un espejo. Uno incómodo. Uno en el que México no quiere mirarse. No porque el episodio sea excepcional, sino porque es demasiado común. La única diferencia es el nombre de la víctima.
El hombre que la acosó fue detenido. Pero cientos más siguen ahí: en los mercados, en el transporte, en las calles sin cámaras. Y mientras las leyes no sean universales y las denuncias no sean efectivas, el mensaje seguirá siendo contradictorio: se castiga al agresor de la presidenta, pero se ignora al de la ciudadana común.
La presidenta ha dicho que “nadie debe vulnerar nuestro espacio personal”. Tiene razón. Pero en un país donde la vulneración es casi paisaje urbano, el desafío no está en caminar sin escolta, sino en gobernar sin excusas.
La caminata como metáfora.
Tal vez la presidenta solo quería llegar a tiempo, pero su decisión de caminar se convirtió en un acto político sin quererlo. Y su denuncia, en un espejo que exhibe el tamaño del problema.
México no necesita que todas sus mujeres sean presidentas para ser escuchadas; necesita un sistema judicial que las proteja aunque nadie las grabe.
Porque si el país solo reacciona cuando el acoso ocurre frente a las cámaras y la víctima tiene una banda presidencial, entonces no estamos ante un Estado de derecho, sino ante un Estado de espectáculo.
Y eso, con todo respeto, no es una caminata corta: es una larga ruta hacia la incongruencia.
