Pemex, deuda y el arte mexicano de patear el bote fiscal.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
Hay advertencias que suenan técnicas, casi burocráticas, hasta que alguien traduce sus implicaciones políticas. La más reciente de Moody’s Ratings entra en esa categoría: si el respaldo público a Petróleos Mexicanos continúa sin cambios y el crecimiento económico sigue atrapado entre incertidumbres —especialmente por la revisión del T-MEC— la deuda del gobierno podría escalar hacia el 55% del PIB en los próximos años. No es un apocalipsis macroeconómico, pero tampoco una cifra que invite a la autocomplacencia.
La calificadora sostiene que el esfuerzo de consolidación fiscal en 2025 —es decir, reducir déficit y estabilizar la deuda— avanzó más lentamente de lo proyectado, en parte porque el apoyo a la petrolera estatal neutralizó el ajuste presupuestal.
El déficit público se ubicó en 4.9% del PIB y el respaldo financiero a Pemex limitó la flexibilidad del gasto y contribuyó a que la deuda gubernamental rondara el 50% del PIB en 2025, frente al 40% en 2023.
El diagnóstico no es nuevo: la empresa productiva del Estado continúa siendo un factor estructural en la ecuación fiscal.
Moody’s subraya que Pemex registrará pérdidas operativas y un flujo de caja libre negativo cercano a 7 mil millones de dólares anuales en el corto plazo, lo que implica dependencia persistente del erario.
Ese dato es clave porque revela el problema de fondo: aun cubriendo gastos e inversiones básicas, la empresa no generaría recursos suficientes para sostenerse por sí misma. En lenguaje menos técnico, la petrolera continúa operando con respirador presupuestal.
Esto tiene implicaciones políticas evidentes. El apoyo financiero otorgado en 2025 impactó directamente el déficit, la deuda soberana y los llamados pasivos contingentes —obligaciones que podrían transformarse en deuda pública si la empresa falla—.
El resultado es una paradoja que atraviesa varias administraciones: Pemex sigue siendo símbolo de soberanía energética, pero también una variable que condiciona la soberanía fiscal.
Ahora bien, la narrativa no es monocromática. Desde el gobierno se destaca que la deuda de la empresa ha disminuido y que la producción se estabiliza, con mejoras en calificaciones crediticias y reducción del pasivo en años recientes.
Incluso la petrolera reporta haber llevado su deuda al nivel más bajo en más de una década tras recortes y refinanciamientos.
Este contraste revela el verdadero debate: no se discute si Pemex mejora en ciertos indicadores, sino si dichas mejoras son suficientes para eliminar su carga fiscal estructural. Moody’s claramente cree que no.
El segundo componente del análisis apunta al crecimiento económico. La agencia estima que el PIB avanzó apenas 0.5% en 2025, con inversión debilitada ante incertidumbre interna y externa.
Entre los factores destaca la revisión del T-MEC y cambios en la política comercial estadounidense, que podrían prolongar la cautela empresarial y frenar la inversión privada.
Este punto conecta con la política económica: el nearshoring prometía una avalancha de capital productivo, pero los anuncios no siempre se traducen en inversión efectiva, y la incertidumbre regulatoria pesa más que el entusiasmo discursivo.
El vínculo entre crecimiento débil y deuda es directo: menor expansión económica implica menor recaudación y, por tanto, menor margen para consolidar las finanzas públicas. Moody’s advierte que estas condiciones podrían impedir recuperar la tendencia de crecimiento cercana al 2% y complicar la estabilización fiscal.
En otras palabras, el problema no es solo el gasto, sino el tamaño de la economía que lo sostiene.
Desde una perspectiva política, el escenario plantea preguntas incómodas. La estrategia energética ha sido presentada como un acto de rescate histórico y reivindicación estatal; la disciplina fiscal, como muestra de responsabilidad macroeconómica. Sin embargo, cuando ambas narrativas se cruzan, surge una tensión evidente: sostener a Pemex puede ser rentable en términos simbólicos, pero tiene costos presupuestales que limitan otras decisiones públicas.
Quizá la ironía más persistente es que México no enfrenta una crisis inmediata —su deuda sigue en rangos moderados en comparación internacional—, pero tampoco logra escapar de un patrón estructural: crecimiento bajo, inversión cautelosa y dependencia fiscal de una empresa que combina valor político con fragilidad financiera. La economía nacional avanza, sí, pero a un ritmo que obliga a financiar la paciencia con deuda.
El debate de fondo, entonces, no es técnico sino estratégico. ¿Debe el Estado continuar absorbiendo los costos para preservar la narrativa energética, o redefinir el equilibrio entre empresa pública, inversión privada y estabilidad fiscal? Moody’s no responde esa pregunta; solo señala el camino aritmético que seguirán las cifras si nada cambia. Y las cifras, como suele ocurrir en política económica, terminan siendo menos ideológicas que inevitables.
