La reforma que nadie quiere… pero todos prometen.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
Si algo ha demostrado la llamada cuarta transformación es que puede cambiar casi todo… excepto las reglas del juego electoral. Ahí, donde se cruzan poder, dinero y supervivencia partidista, la aritmética política suele imponerse a la épica. Y sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido apostar parte de su capital político a un objetivo que su movimiento no ha logrado concretar en más de siete años: reducir el costo de las elecciones y del sistema de partidos.
La paradoja es evidente. Morena y sus aliados han aprobado, entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, una veintena de reformas constitucionales, incluida la judicial. Pero la electoral —la que prometía “abaratar la democracia”— quedó en pausa. No por falta de discurso, sino por exceso de intereses.
El antecedente pesa. El expresidente Andrés Manuel López Obrador presentó tres intentos de reforma. En 2022 propuso una transformación de fondo: desaparecer la Representación Proporcional, reducir la Cámara de Diputados a 300 integrantes y el Senado a 96, crear un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, elegir consejeros por voto popular y eliminar el financiamiento ordinario a los partidos. Prometía ahorros de hasta 20 mil millones de pesos anuales. La oposición —PRI, PAN, PRD y MC— cerró filas y la reforma constitucional fue rechazada.
Esa misma noche nació el “Plan B”: cambios a leyes secundarias para compactar al Instituto Nacional Electoral, eliminar áreas y buscar ahorros por más de 3 mil 500 millones de pesos. Se aprobó con la mayoría simple de Morena, PVEM y PT. Pero seis meses después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaró inconstitucional por violaciones al proceso legislativo. El ahorro prometido quedó en anécdota.
Luego vino el “Plan C” en febrero de 2024, un paquete ambicioso que incluía desde la reforma judicial hasta la prohibición de vapeadores. En materia electoral, insistía en reducir las Cámaras —300 diputados y 64 senadores— y en disminuir de forma drástica el financiamiento público. Con la mayoría calificada obtenida tras la elección de 2024, buena parte del paquete avanzó. Pero la reforma electoral quedó, curiosamente, sin dictaminar.
Ahí entra Sheinbaum. Desde junio de 2025 creó una comisión presidencial encabezada por Pablo Gómez para diseñar una nueva propuesta con cuatro ejes: abaratar elecciones y partidos, rediseñar la representación proporcional para que las listas plurinominales sean abiertas, fortalecer mecanismos de democracia participativa y facilitar el voto en el extranjero.
Sobre el papel, la iniciativa suena políticamente rentable: reducir hasta 25% el financiamiento público, eliminar 32 senadores de lista nacional y permitir que los 200 diputados plurinominales sean electos mediante listas abiertas. Es decir, menos dinero y más voto directo. ¿Quién podría oponerse?
La respuesta es incómoda: sus propios aliados.
El Partido Verde y el Partido del Trabajo han expresado su rechazo a disminuir prerrogativas y a perder control sobre las listas plurinominales. No es ideología, es supervivencia. Para partidos medianos y pequeños, la representación proporcional y el financiamiento público no son privilegios: son la diferencia entre existir o desaparecer. Y sin ellos, Morena no alcanza la mayoría calificada.
Durante más de un mes, la Secretaría de Gobernación intentó construir un acuerdo. Las negociaciones fracasaron. La presidenta anunció que enviaría la reforma sin “desdibujarla”. El mensaje era claro: mejor perder con convicción que ganar con concesiones. Sin embargo, una última reunión abrió la puerta a un aplazamiento de 24 horas. La política, como siempre, prefiere el margen al ultimátum.
El riesgo no es menor. La reforma electoral pondrá a prueba la cohesión de una coalición que ya enfrenta tensiones locales rumbo a 2027, cuando estarán en juego 17 gubernaturas. Exhibir fracturas podría debilitar la narrativa de unidad que ha sido uno de los activos del oficialismo.
Pero también hay un cálculo estratégico. Si la reforma no prospera por la resistencia del PVEM y el PT, Sheinbaum podrá argumentar que intentó cumplir una promesa histórica de la izquierda: abaratar la democracia. Si prospera, consolidará liderazgo propio y marcará distancia respecto a su antecesor, demostrando que donde él no pudo, ella sí.
En el fondo, la discusión no es sólo presupuestal. México destina miles de millones de pesos al financiamiento partidista y a la operación electoral bajo la lógica de que una democracia cara es preferible a una fraudulenta. Reducir costos sin afectar la equidad ni la autonomía institucional es una ecuación delicada. Y cualquier reforma que toque al INE o modifique la representación proporcional reaviva el debate sobre concentración de poder y pluralismo.
La ironía final es que todos los partidos, en campaña, prometen elecciones más baratas. Pero cuando la tijera se acerca a sus prerrogativas, descubren que la democracia cuesta… y que perder financiamiento duele más que el discurso.
Sheinbaum está ante una decisión definitoria: negociar hasta diluir o sostener su propuesta aunque implique una derrota parlamentaria. En política, como en ajedrez, a veces el movimiento no busca ganar la pieza inmediata, sino posicionarse para la siguiente jugada.
La reforma electoral parece imposible. Pero también es el tipo de batalla que define liderazgos. La pregunta no es si reducirá costos. La pregunta es si reducirá dependencias. Y esa respuesta, más que en el Congreso, se juega en la cohesión de la coalición oficialista.
