Estado fallido. En Guerrero no pueden hacerse pruebas para confirmar si se padece Covid-19. Tampoco pueden realizarse matrimonios civiles, tramitar actas de nacimiento o divorcio, menos juicios sobre pensión alimenticia. No hay manera de combatir incendios forestales. Ni hablar de pagar impuestos.
Y en algunos municipios salir a las calles en la mañana o tarde es riesgoso por la violencia descontrolada. Desde la quema de la emblemática discoteca Baby’O en Acapulco, las ejecuciones y amenazas del crimen en Iguala o las extorsiones a comerciantes en Taxco.
Las oficinas públicas están cerradas desde hace cuatro días por paros de burócratas que exigen un bono y pago de salarios atrasados a una semana de que tome posesión la nueva Gobernadora Evelyn Salgado.
La situación más grave es la que se vive en el tema de la salud, ya que desde hace seis días los 240 trabajadores del Laboratorio Estatal de la Secretaría de Salud se sumaron al paro de labores de médicos y enfermeras de los 14 hospitales y 400 centros de salud.
«No se están tomando muestras de Covid-19 en todo el estado y al momento de que no se tomen no hay para analizar», expresó la dirigente de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTS) Beatriz Vélez Núñez.
Antes del paro de labores, había módulos con médicos y enfermeras que realizaban la prueba Covid-19 a ciudadanos en Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Zihuatanejo, Ciudad Altamirano, Taxco, principalmente.
Un médico del Hospital General «Raymundo Abarca Alarcón», de Chilpancingo, señaló que desde que empezó el paro de labores se han dejado de atender a 400 pacientes diariamente que requieren consulta médica.
Filiberto Velázquez, párroco de Chilapa, contó que hace una semana una persona que estaba grave de salud acudió al Hospital General de esta localidad y no lo atendieron.
«Los familiares de esta persona lo tuvieron que llevar a una clínica particular en donde se gastaron 20 mil pesos por la atención», refirió.
Litigios judiciales suspendidos, sin acceso a trámites de actas de divorcio, de nacimiento, defunción, escrituras, incendios que se dejaron de combatir, pago de impuestos locales y falta de atención a la salud son parte de las afectaciones que ha provocado el movimiento de los trabajadores que reclaman a la administración del Gobernador saliente Héctor Astudillo el pago de salarios atrasados, bonos, viáticos y otros beneficios económicos.
El abogado y contador público, Iván Delgado Peralta, dijo que el paro de labores en el Poder Judicial suspendió audiencias.
«Llevamos juicios de pensión alimenticia y ahora la afectada que tiene que recibir este apoyo económico va a tener que esperar porque los juzgados en materia familiar no están laborando», señaló.
Indicó que igualmente ocurre en el caso de los impuestos locales o trámite de actas de divorcios o de escrituras que se realizan en oficinas del gobierno del estado.
Y la violencia, imparable
La violencia en el Estado no cesa. Para muestra Iguala donde grupos criminales han desafiado al alcalde priista David Gama reelecto en el cargo.
El 29 de septiembre, un auto con 4 cadáveres fue dejado afuera de la casa de campaña del Edil. Los fallecidos pertenecían presuntamente a la organización criminal de La Bandera.
El domingo 3 de octubre, en las calles del centro de Iguala, hombres armados dispararon aterrorizando a la gente que se divertía en un evento cultural. Un adulto y un niño de 10 años resultaron heridos.
En un video, difundido el 6 de octubre, encapuchados, que se presentaron como miembros de la banda de los Tlacos de La Sierra, amenazaron al Alcalde a quien acusan de haber negociado con La Bandera.
Los sicarios advirtieron en el video que ellos controlan la plaza de Iguala y calificaron de «traidor» al edil.
Ayer se registraron dos hechos más de violencia con un hombre y una mujer muertos y dos heridos.
