El amparo es el procedimiento legal que permite reconstruir el tejido social deteriorado por los excesos de poder y por las disparidades sociales. A través de él podemos reconocernos como sujetos de derechos, condición básica para exigir su respeto frente a la autoridad y propiciar el respeto entre unos y otros.
El juicio de amparo es un medio de defensa con el que contamos todas las personas para salvaguardar nuestros derechos consagrados en la Constitución contra abusos de autoridad, así como de normas y leyes que los trasgredan.
Este medio de control constitucional tiene una larga historia dentro del sistema jurídico mexicano; no obstante, sigue siendo una figura jurídica de vanguardia, la cual ha servido de inspiración para diversos sistemas jurídicos internacionales. El juicio de amparo posibilita la vida democrática del país, al permitirles a los gobernados que sus asuntos sean revisados por tribunales federales y defender así sus derechos.
Al presentar una demanda de amparo se puede solicitar a quien imparte justicia, un juez o una jueza, que dicte una resolución para suspender temporalmente el acto de autoridad que podría causar un perjuicio, mientras se resuelve el juicio. A esto el derecho le llama la suspensión del acto reclamado.
La suspensión es una medida cautelar que detiene la ejecución del acto por parte de la autoridad de forma general, en caso de que así lo considere el juzgador, mientras que el Poder Judicial de la Federación analiza si lo reclamado en el recurso de impugnación es violatorio de la Constitución.
El Senado de la República aprobó la semana pasada, con 69 votos a favor de los legisladores del partido oficial y sus satélites y 42 en contra, las regresivas reformas a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, a fin de impedir que los jueces concedan suspensiones de carácter general que frenen la implementación de normas generales.
La reforma adiciona un párrafo al artículo 148 de la Ley de Amparo, para establecer que “tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales”, lo cual trastoca los derechos de terceras personas que también pueden ver vulnerados sus derechos por una acción de la autoridad.
Esto significa que los jueces no puedan detener obras o normas de forma cautelar ante posibles violaciones a la Constitución, hasta que se declara inconstitucional de la acción de la autoridad que se reclama, o sea hasta que se resuelva el fondo de la demanda de amparo.
Organizaciones sociales también rechazan esta reforma a la Ley de Amparo, ya que señalaron que estas modificaciones son un atropello a los derechos humanos.
El juicio de amparo es la institución fundamental de nuestro país para la defensa de los derechos humanos de todas las personas, tanto de aquéllos que están previstos en la Constitución como de aquéllos que están contenidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte y que, con motivo de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos, se incorporaron a nuestro orden constitucional.
Con esta reforma se estaría reduciendo a tal grado la institución de la suspensión para detener temporalmente los efectos de los actos de autoridad o de las normas generales violatorios de derechos humanos, que muy probablemente provocará daños irreparables a la institución, ya que en estos casos se dejará sin efectos al juicio de amparo por no haberse podido conservar la materia del juicio, lo que impactará gravemente para la concesión del amparo en la sentencia de fondo.
