•Propone reformar el Código Penal para sancionar a quienes ofrecen viviendas en renta sin tener facultades legales.
Con el propósito de proteger la economía y el patrimonio de las familias duranguenses, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Alejandro Mojica Narvaez, propuso reformas al Código Penal del Estado para combatir el fraude conocido como “monta rentas”, práctica que afecta a personas que buscan una vivienda y terminan perdiendo el dinero que entregaron como depósito, apartado o anticipo.
“Proteger el patrimonio familiar también significa atender los problemas que surgen en la vida cotidiana y actualizar nuestras leyes para responder a ellos”, expresó al realizar la ampliación de motivos.
Recordó que hace unos meses el Congreso del Estado aprobó la Ley de Servicios Inmobiliarios de Durango, cuyo objetivo es brindar mayor certeza, orden y seguridad a las operaciones del sector inmobiliario. En este sentido, señaló que la nueva propuesta representa una segunda acción legislativa para fortalecer la protección del patrimonio familiar, particularmente en materia de arrendamiento.
Explicó que la iniciativa plantea incorporar expresamente como conducta constitutiva de fraude el ofrecer o publicitar un inmueble para arrendamiento, mediante engaño y con ánimo de obtener un lucro indebido, sin contar con facultades legales para conceder su uso o goce, cuando se obtenga un depósito, anticipo de renta, apartado o cualquier otra cantidad de dinero y se cause un perjuicio patrimonial.
El diputado destacó que detrás de cada caso existen personas que entregan recursos que les ha costado mucho trabajo reunir: familias que buscan un hogar, trabajadores que llegan a Durango por motivos laborales y jóvenes que desean independizarse y construir su propio patrimonio.
Mojica Narvaez advirtió que el fraude de “monta rentas” consiste en ofrecer casas o departamentos sin contar con el derecho legal para arrendarlos, utilizando fotografías de inmuebles reales, anuncios en redes sociales, documentación simulada y solicitudes de depósitos o rentas anticipadas. Una vez recibido el dinero, los responsables desaparecen y dejan a las víctimas sin vivienda y con una afectación económica.
Señaló que esta modalidad ha encontrado en las redes sociales y plataformas digitales un medio para extenderse, por lo que consideró necesario actualizar las disposiciones legales y establecer herramientas jurídicas que permitan enfrentar estas nuevas formas de engaño.
Finalmente, consideró que la iniciativa busca fortalecer la legislación y brindar mayor certeza a quienes buscan una vivienda en arrendamiento y establecer consecuencias legales para quienes utilizan el engaño para afectar la economía de las familias.
