• El GPPRI busca proteger de fraudes, extorsiones, suplantación de identidad y manipulación de imágenes.
Ante el crecimiento de nuevas formas de delincuencia que utilizan herramientas digitales para engañar, extorsionar y vulnerar la intimidad de las personas, la diputada Rocío Rebollo Mendoza, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, propuso establecer agravantes en el Código Penal del Estado cuando se utilice Inteligencia Artificial en la comisión o facilitación de un delito doloso.
“La Inteligencia Artificial puede imitar una voz, fabricar una imagen y construir una mentira casi perfecta, pero hay algo que ninguna máquina debe sustituir: la responsabilidad de quien decide hacer daño”, resaltó al realizar la ampliación de motivos.
Advirtió que la Inteligencia Artificial ya forma parte de la vida cotidiana y ofrece importantes beneficios en ámbitos como la medicina, la educación y las actividades productivas; sin embargo, alertó que también puede convertirse en una herramienta para cometer fraudes, realizar secuestros virtuales, suplantar identidades y fabricar imágenes o videos falsos que afectan la dignidad y la privacidad de las personas.
“Hoy bastan algunos segundos de audio publicados en una red social para imitar la voz de una persona. Con ello se pueden generar llamadas falsas en las que alguien se hace pasar por un hijo, una madre o cualquier familiar para exigir dinero, aprovechándose del miedo y la desesperación de las víctimas”, expuso.
Rebollo Mendoza destacó que estas prácticas no representan una amenaza lejana. De acuerdo con el Módulo sobre Ciberacoso 2025 del INEGI, el 24.5 por ciento de la población usuaria de internet de 12 años y más en Durango experimentó alguna situación de ciberacoso, entre ellas el contacto mediante identidades falsas, la suplantación de identidad, las amenazas y la difusión de información personal.
Explicó que la iniciativa contempla establecer que las penas puedan incrementarse hasta en una mitad cuando el uso de inteligencia artificial facilite la comisión de un delito, permita suplantar identidades, manipular contenidos, engañar a las víctimas, dificultar la identificación del responsable o ampliar el daño ocasionado.
La diputada precisó que no será suficiente acreditar que se utilizó una computadora, un teléfono o alguna aplicación, sino que la autoridad deberá demostrar que la inteligencia artificial tuvo una función relevante en la comisión del delito.
Asimismo, la iniciativa contempla la responsabilidad de quienes, con conocimiento de una finalidad delictiva, diseñen, programen, modifiquen, suministren o den mantenimiento a un sistema de inteligencia artificial y participen efectivamente en la preparación o ejecución del hecho.
La legisladora aclaró que esta reforma no busca criminalizar a desarrolladores, estudiantes, investigadores, técnicos o empresas que utilizan legítimamente estas herramientas, pues la sola creación, comercialización, reparación o utilización de una tecnología no debe generar responsabilidad penal.
