Con el propósito de actualizar el marco jurídico estatal y brindar certeza a quienes prestan y utilizan el servicio de mototaxis, el diputado Octavio Ulises Adame de la Fuente, propuso reformas a la Ley de Transporte del Estado y a la Ley de Tránsito para los Municipios del Estado.
“Esta iniciativa es complementaria, no se trata de desconocer el trabajo legislativo que anteriormente realizamos, ni de comenzar nuevamente de cero. Se trata de darle continuidad, fortalecerlo y adecuarlo a las nuevas disposiciones jurídicas para que Durango cuente con una legislación congruente, actualizada y que brinde certeza”, expresó.
Al realizar la ampliación de motivos, explicó que esta propuesta da continuidad al trabajo que impulsó meses atrás, cuando se desempeñó como presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte, para incorporar esta modalidad de movilidad a la legislación estatal y atender una realidad presente en distintas colonias, comunidades y municipios.
El diputado señaló que los mototaxis representan una alternativa de transporte para muchas familias, ya que permiten recorrer distancias cortas y conectar a las personas con vialidades principales, centros de trabajo, escuelas, mercados y otros servicios indispensables.
Entre los principales planteamientos de la iniciativa se encuentra incorporar expresamente a los mototaxis dentro de las modalidades de transporte público reconocidas por la legislación estatal, así como establecer un capítulo específico que defina este servicio y las condiciones para su prestación.
Asimismo, propone que las personas físicas o morales interesadas en ofrecerlo cuenten con las autorizaciones correspondientes, cumplan los requisitos legales y mantengan debidamente identificadas sus unidades. También contempla condiciones mecánicas adecuadas, medidas de seguridad y verificaciones por parte de las autoridades competentes.
Otro aspecto relevante es delimitar las zonas, recorridos y condiciones de operación, además de establecer requisitos para las licencias de conducir, capacitación de operadores, evaluaciones teóricas y prácticas, conocimientos de primeros auxilios, conducción preventiva y trato digno a las personas usuarias.
De igual manera, la propuesta fortalece las facultades de vigilancia y supervisión de las autoridades para garantizar que el servicio se preste conforme a la ley y bajo condiciones que privilegien la seguridad de la ciudadanía.
