• La reforma fortalece la autodeterminación, los sistemas normativos y la protección del patrimonio cultural de los pueblos originarios.
El Congreso del Estado de Durango aprobó la minuta enviada por la Cámara de Senadores que modifica el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconociendo a las comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público. Esta reforma tiene como objetivo garantizar y proteger los derechos de estos pueblos, promoviendo una nueva relación entre el Estado y las comunidades originarias.
El Poder Legislativo de Durango turnó la minuta a la Comisión de Puntos Constitucionales, donde fue sometida a un exhaustivo análisis. Las y los diputados que integran dicha comisión destacaron que esta iniciativa aborda temas prioritarios para los pueblos originarios, al tiempo que promueve el respeto y la inclusión de sus sistemas normativos, su autodeterminación y la protección de su patrimonio cultural, material e intelectual. Posteriormente, el dictamen fue sometido a votación y aprobado por la Septuagésima Legislatura.
Entre los puntos más relevantes del proyecto, se destaca la necesidad de realizar una consulta libre, previa e informada con las comunidades indígenas antes de que el Estado tome cualquier decisión que afecte sus territorios y recursos. Este mecanismo es esencial para garantizar que las decisiones que involucren a estos pueblos se tomen con pleno respeto a su autonomía.
Asimismo, la reforma reconoce y garantiza el derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas a participar de manera efectiva y en condiciones de igualdad en el desarrollo de sus comunidades, promoviendo su inclusión en todos los ámbitos de la vida comunitaria.
Otro de los puntos cruciales de la reforma es la atención adecuada a la niñez, adolescencia y juventud indígena, asegurando que reciban servicios y atención en sus lenguas propias, lo que contribuye a la preservación de su identidad cultural y a su pleno desarrollo.
Con la aprobación de esta reforma, el Congreso del Estado de Durango reafirma su compromiso con los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas, promoviendo una sociedad más justa, equitativa y respetuosa de la diversidad cultural.
