• “Estamos comprometidos para garantizar que sus derechos sean plenamente reconocidos y protegidos”: Héctor Herrera
El Congreso del Estado llevó a cabo la conferencia sobre las reformas constitucionales en materia de derechos de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos, impartida por el maestro Hugo Aguilar Ortiz, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en el marco del proceso de armonización legislativa.
Ante la presencia de gobernadores tradicionales de las comunidades tepehuanas, mexicaneras, wixaritari y coras, así como de las y los diputados locales, y autoridades estatales, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Héctor Herrera Núñez, subrayó la trascendencia de estos foros para analizar el impacto de la reforma en Durango, entidad que alberga comunidades indígenas en municipios como Mezquital, Pueblo Nuevo y Guanaceví.
“Como legisladores, estamos comprometidos en adecuar la legislación local para garantizar que los derechos de los pueblos indígenas sean plenamente reconocidos y protegidos”, afirmó.
Asimismo, destacó los avances en infraestructura y conectividad logrados bajo la administración federal, pero reconoció que persisten múltiples carencias que deben ser atendidas.
Durante su intervención, el maestro Hugo Aguilar Ortiz realizó un recorrido histórico sobre los avances en materia de derechos indígenas en los últimos 30 años. Señaló que hacer justicia a los pueblos originarios implica reconocer que México no es un país homogéneo, sino una nación pluricultural en la que las comunidades indígenas deben mantener una relación activa con el Estado para garantizar su pleno desarrollo.
“Para alcanzar una verdadera justicia social, debemos ir más allá de la norma jurídica y comprender el propósito fundamental de esta reforma; el reconocimiento efectivo de nuestra diversidad y la construcción de un país más incluyente”, consideró.
Por su parte, Olga Santillán Rodríguez, representante del INPI en Durango, resaltó que la reforma constitucional representa un avance significativo al reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio.
“Este es el resultado de años de lucha de nuestros antepasados. Aunque aún queda mucho por hacer, hoy tenemos una gran oportunidad para generar un cambio profundo en nuestras comunidades”, expresó.
Desde la perspectiva de las comunidades, Virginia Flores, gobernadora tradicional, enfatizó que esta reforma marca un punto de inflexión en la historia de los pueblos indígenas y afromexicanos. “Hoy nos sentimos visibilizados y tomados en cuenta, pero también asumimos la responsabilidad de hacer valer estos derechos en favor del bien común”, puntualizó.
