El Congreso de lo urgente… cuando conviene al régimen.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
En el Congreso de la Unión se respira una extraña atmósfera de urgencia selectiva. Con el impulso del Grupo Parlamentario de Morena, se convocó a un periodo extraordinario de sesiones —algo que por definición debería reservarse para resolver temas de alto interés nacional—. Pero, para sorpresa de nadie que lleve más de cinco minutos observando el pulso legislativo, las prioridades reales quedaron arrumbadas en el rincón del olvido. Otra vez.
En lugar de aprovechar la oportunidad para discutir y aprobar temas largamente esperados y de verdadera importancia social, Morena y sus aliados decidieron hacer lo que mejor se les da: evadir, postergar y minimizar todo lo que no se alinee con su agenda inmediata. Así, mientras el país lidia con crisis profundas en seguridad, salud, migración y condiciones laborales, los legisladores optaron por patear las iniciativas incómodas, no fuera a ser que tuvieran que ensuciarse las manos legislando por el bien común, o que éstas sean vistas como un triunfo de la oposición.
Entre los temas que quedaron en el congelador (otra vez), están propuestas que en cualquier democracia funcional serían tratadas con seriedad y celeridad: la dignificación salarial para policías, maestros, médicos y enfermeras; la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales; un aumento al presupuesto para la red consular que atiende a nuestros migrantes en el extranjero; y, nada menos, la conformación de una comisión bicameral para enfrentar la crisis de seguridad que azota a buena parte del país, por no decir que a todo.
No se trataba de propuestas marginales ni improvisadas. Todas ellas cuentan con respaldo ciudadano y con diagnósticos sólidos que las sustentan. Pero claro, no tienen la virtud mágica de concentrar poder ni la capacidad de movilizar el aparato propagandístico. Son temas que incomodan porque obligan a trabajar, a rendir cuentas, a presupuestar con sensatez y a mirar a los ciudadanos a los ojos. ¿Quién quiere ese tipo de responsabilidad cuando se puede hablar de la transformación histórica desde un atril?
Mientras tanto, la Reforma Judicial —esa que pretende rediseñar el Poder Judicial para ajustarlo a los gustos del Ejecutivo— caminó con paso de desfile. Rápida, blindada y sin grandes sobresaltos. Bastó con que la presidenta levantara la ceja para que el Congreso abriera las puertas, se sirviera café y comenzara a legislar como si el país no tuviera otra urgencia. Y si alguien osa criticar el procedimiento atropellado, se le acusa de conservador, traidor o miembro del oscuro poder fáctico judicial que, al parecer, ahora también incluye a médicos mal pagados y policías sin chaleco antibalas.
Resulta llamativo —por no decir tragicómico— que una reforma de tal calado, que implica redibujar la arquitectura del Estado mexicano, avance sin dictámenes sólidos, sin consultas amplias y con una prisa que haría sonrojar a cualquier operador de ambulancia. En cambio, una reforma que busca que los trabajadores no vivan para trabajar, sino trabajen para vivir, sigue esperando su turno desde la sala de urgencias legislativas.
El doble rasero es evidente: lo importante no es qué necesita el país, sino qué necesita el proyecto político de “transformación”. Y mientras más concentrado esté el poder, mejor. Si el pueblo exige mejores sueldos para quienes sostienen las estructuras básicas de la sociedad —educación, salud, seguridad—, se les dan largas. Pero si el líder supremo quiere modificar el equilibrio de poderes, entonces se corre, se grita y se empuja.
Lo más grave no es sólo el contenido de lo que se aprueba o se desecha, sino el mensaje: los grandes temas nacionales están secuestrados por un grupo parlamentario que responde más a la voluntad de Palacio Nacional que a las necesidades reales del país. Y eso, más allá de simpatías partidistas, debería alarmar a cualquier ciudadano que no haya renunciado a la noción de República.
Los defensores de lo indefendible alegarán que todo es cuestión de tiempos legislativos. Que no hay dictámenes. Que las Comisiones no han trabajado. Pero ¿quién decide qué se dictamina y qué no? Exacto: los mismos que se escudan en la falta de dictámenes. Es el clásico argumento circular que sirve para frenar lo incómodo mientras se acelera lo conveniente.
Y así, México sigue esperando. Esperando a que sus médicos dejen de tener sueldos de risa. A que sus policías no salgan a patrullar con miedo y con equipo obsoleto. A que los maestros puedan vivir con dignidad y los migrantes encuentren apoyo en sus consulados. Esperando, también, a que el Congreso entienda que legislar no es complacer al Ejecutivo, sino representar a la Nación.
Pero bueno, quizá todo se resuelva en el siguiente periodo extraordinario. O en el ordinario. O en el siguiente sexenio. Porque aquí, lo urgente no es lo que urge: es lo que conviene.
